La norma señala finalmente que el acceso de un usuario a Internet puede restringirse, “de ser necesario y proporcionado”, únicamente tras un procedimiento justo e imparcial, que incluya “el derecho del usuario a ser escuchado”. “En casos de urgencia debidamente comprobados”, añade el documento, se podrán estipular “condiciones apropiadas y disposiciones de procedimiento” en conformidad con la Convención de la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

El pasado mayo, los eurodiputados defendieron que sólo un juez pudiese decidir la desconexión de un usuario, lo que se conoce como la enmienda 138, pero, tras un análisis jurídico de las capacidades de la UE en este ámbito, aceptaron esta solución alternativa.

En España, que no cuenta con una regulación específica para las descargas, la industria de contenidos y el Gobierno ya han llegado a un consenso para combatir la piratería persiguiendo a las grandes webs de descargas y no al usuario particular. Sin embargo, la norma da cobertura a las regulaciones más restrictivas de países como Francia y Reino Unido que sí han adoptado el sistema de tres avisos y el corte de la línea a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por copyright.

Pero el Paquete Telecom incluye muchas más novedades en cuanto a la relación de los operadores con sus clientes, cuyos derechos se ven sensiblemente reforzados en muchos casos.

Así, obliga a los operadores a implantar la portabilidad del número ya sea móvil o fijo en sólo un día, frente los siete días de media de la actualidad.En España, la portabilidad se aplica en unos tres días, pero la CMT ya está obligando a los operadores a mejorar su servicio para ofrecer este mecanismo en un sólo día.

También establece mayores niveles de información a los clientes, que deberán recibir en los contratos datos precisos sobre el nivel de calidad mínimo esperable y las indemnizaciones preestablecidas en caso de incumplimiento de esa calidad.

En el mismo sentido, también se obliga a los operadores a mejorar la protección de los datos personales de los clientes para evitar el spam (envío masivo de correo electrónico no solicitado) y a que se deberá pedir permiso para instalar cookies (pequeños programas que permiten un funcionamiento más rápido de algunas aplicaciones, pero que pueden almacenar datos del uso por parte del usuario) en los ordenadores de los clientes.

Igualmente, y con el objetivo de garantizar en mayor medida la neutralidad de la red, faculta a las autoridades nacionales a fijar niveles de calidad mínima para los servicios de acceso a Internet y exige que los operadores informen a los clientes, antes de firmar un contrato, de las técnicas de gestión del tráfico y de su incidencia en la calidad del servicio, así como de cualquier otra restricción que se aplique.

También se proporciona una mayor independencia a los reguladores de telecomunicaciones nacionales, respecto de los gobiernos locales, implantando una protección contra la sustitución arbitraría de sus consejeros.

Se establece la figura de la separación funcional, que permitirá a los reguladores imponer, si lo consideran necesario para resolver problemas de competencia, la segregación por parte de los ex monopolios de su red básica, para asegurar un mejor servicio, más rápido y neutral para todos los operadores que utilizan su red alquilada. La separación funcional ya se ha aplicado a BT en Reino Unido y se estudia aplicar en otros países como Polonia, Suecia o Italia.

Por último también se crea el Berec (Body of European regulators for Electrónic Communications), el sucedáneo del regulador único de las telecomunicaciones europeas. El nuevo organismo, que estará controlado funcionalmente por la Comisión Europea, estará formado por los 27 reguladores de los países miembros.

Otro de los aspectos polémicos es el aumento del poder de la CE, es decir, del Comisario de telecomunicaciones, sobre las decisiones de los reguladores nacionales. Hasta ahora, Bruselas tenía derecho de veto sobre los análisis de los reguladores, pero no sobre las decisiones concretas que adoptasen. Ahora, si considera que perjudica al mercado único, la CE podrá emitir una recomendación que exija al regulador nacional la modificación de la medida aprobada o incluso una decisión, que tendrá carácter imperativo.