Estatuto de Bizkaia

ESTATUTO

DEL

COLEGIO DE ABOGADOS DE BILBAO*

*(cuando el Estatuto que publicamos se aprobó, la denominación del Colegio era la que figura en el encabezamiento del mismo. En esta edición hemos respetado el texto original ya que el Estatuto deberá ser próximamente modificado en profundidad)

DISPOSICION PRELIMINAR

El presente Estatuto dictado para el régimen del Colegio de Abogados de Bilbao, en cumplimiento de la segunda disposición adicional del Estatuto General de los Ilustres Colegios de Abogados de España, de 3 de febrero de 1947, tiene el rango de una disposición reglamentaria para el funcionamiento interior del Colegio. Es, por tanto, el reglamento para la aplicación práctica en el Colegio de Abogados de Bilbao de las disposiciones que se contienen en el Estatuto General de la Abogacía de 28 de junio de 1946 y en el mencionado Estatuto General de los Ilustres Colegios de Abogados de España.

CAPITULO I

Del Ingreso en el Colegio de Abogados
de Bilbao

ART. 1º.- El Colegio de Abogados de Bilbao considerará como su misión y objeto principal, la consecución de las siguientes finalidades:

Primera.- La de mantener en el más alto nivel posible el prestigio de la profesión como arte liberal y universitario dedicado a la devoción, exaltación y reinado de la justicia.

Segunda.- La de mantener la armonía, la fraternidad y el mutuo auxilio entre los abogados, de modo que el prestigio de la clase se eleve y acrisole cada vez más.

Tercera.- La defensa de los derechos e inmunidades de los abogados, procurando que éstos gocen ante los Tribunales de la libertad necesaria para el debido desempeño de su noble misión.

Cuarta.- El auxilio de los Tribunales de Justicia, colaborando con ellos y evacuando los informes periciales que por ellos les fueren reclamados.

Quinta.- La distribución equitativa entre los Colegiados en ejercicio de las cargas a que dé lugar el de la profesión  con arreglo a lo establecido en las Leyes y Reglamentos.

Sexta.-El desempeño de funciones arbitrales, estableciendo un Tribunal Arbitral.

ART. 2º.- Cuando un extranjero solicite la incorporación en el Colegio de Abogados de Bilbao, pretendiendo que por el propio Colegio se curse a la Superioridad la solicitud de dispensa de nacionalidad, la Junta de Gobierno del Colegio informará la solicitud, defendiendo siempre el principio de reciprocidad respecto al país de nacionalidad del solicitante y manifestando claramente si, por parte del Colegio, hay inconveniente o no  en que la exención se conceda. La Junta de Gobierno, en tales casos, tendrá siempre presente que por el hecho de ser necesario para ejercer la carrera de abogado el juramento previo de fidelidad a las Leyes Españolas, incluso a las de naturaleza política, deberán tomarse siempre las garantías precisas para asegurarse de que el solicitante las respetará como cumple a un extranjero.

ART. 3º.-Los derechos de incorporación de los compañeros precedentes de otros Colegios que pretendan ingresar en el de Bilbao, serán de la misma cuantía que los que se cobrarían a un abogado forastero en aquél en donde proceda el pretendiente, rigiéndose, por tanto, esta materia, por la más rigurosa reciprocidad.

ART. 4º.- En materia de incorporación y de traspaso de abogados de una a otra de las categorías de en ejercicio y sin ejercicio las normas reglamentarias serán las siguientes:

El Decano por sí solo, pero dando posteriormente cuenta a la Junta de Gobierno, concederá las habilitaciones a que se refiere el art. 3º del Estatuto General de los Colegios de Abogados: admitirá las bajas definitivas y autorizará el paso de los abogados que se encuentren en ejercicio; también será función suya la admisión de abogados que soliciten entrar directamente a inscribirse sin ejercicio.

Será función reservada a la Junta de Gobierno la entrada de un abogado al ejercicio profesional sea directamente o sea pasando de la categoría de sin ejercicio a la categoría de abogado en ejercicio.

ART 5º.- La Junta de Gobierno y el Decano cuidarán con especial interés de cerciorarse de que todo abogado que emprenda ejercer la carrera en el Colegio de Bilbao, haya prestado previamente el juramento que exigen las Leyes.

ART. 6º.– La Junta de Gobierno por medio del Decano, mantendrá la conveniente y útil comunicación con las oficinas fiscales, para que la situación tributaria de los abogados sea siempre correcta, estando a disposición de los colegiales para cursar por mediación de las Juntas las altas y bajas en la Contribución y procurando siempre que las relaciones con la Hacienda resulten fáciles y cómodas para el servicio fiscal y para los propios colegiados.

ART. 7º.- La Junta de Gobierno redactará unos modelajes para las altas, bajas y traspasos, de modo que los documentos relacionados con esta materia revistan la conveniente uniformidad.

ART. 8º.- Para cada colegiado se abrirá un expediente personal en el que figure todo el historial de cada uno, relacionado con ingreso, cambios de situación, cargos desempeñados en la Junta de Gobierno y servicios prestados a la Corporación, así como notas favorables y desfavorables, de modo que en todo momento se puedan conocer las visicitudes profesionales de cada colegiado.

ART. 9º.- El abogado inscrito en ejercicio en el Colegio de Bilbao podrá ejercer su función ante la Audiencia Provincial y ante los Juzgados, Tribunales y Oficinas públicas radicantes en la capital, dentro del territorio a que se extienda su jurisdicción; ante el Tribunal Eclesiástico de Bilbao; y también en los Juzgados de primera instancia comarcales y municipales de la provincia, aún cuando cumpliendo respecto de éstos el requisito de inscribirse en el correspondiente Juzgado de primera instancia, mediante solicitud acompañada de certificación de hallarse inscrito en el Colegio de Abogados de Bilbao. La cuota que por contribución industrial se satisface en la capital cubrirá el derecho de ejercer la profesión con la extensión que queda consignada.

ART.10.- Al quedar inscrito un Abogado en el Colegio de Bilbao, lo mismo en ejercicio que sin ejercicio, le será expedido un carnet en el que figurará su fotografía y que llevará las firmas del interesado, del Decano y del Secretario. En el carnet se hará constar si el colegiado está inscrito en ejercicio o sin ejercicio.

ART. 11.- Cuando un letrado en ejercicio en el Colegio de Bilbao haya de prestar el juramento requerido por las Leyes, le acompañarán en tan solemne momento el Decano y el mayor número posible de miembros de la Junta de Gobierno, para acreditar el afecto y la satisfacción con que el Colegio recibe un nuevo miembro y para dar al  colegiado la impresión de la alta categoría de que queda investido y de la nobleza y dignidad de la profesión que va a desempeñar.

La primera vez que un abogado actúe ante la Audiencia le acompañará por turno uno de los miembros de la Junta de Gobierno, para servirle de padrino en el comienzo del ejercicio de su derecho a abogar.

CAPITULO II

De las obligaciones de los Colegios

ART. 12.- Los abogados estarán obligados:

a) A satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias que se señalen para atender a las necesidades de la Corporación. El señalamiento de estas cuotas será función reservada a la Junta General.

b) A elegir como despacho en que evacúen sus consultas y trabajos un lugar digno y decente, aún cuando sea modesto comunicándolo al Colegio.

c) A levantar la carga del turno de pobres,  comunicando con los defendidos que en tal concepto les correspondan, aconsejándoles y obteniendo de ellos, procurándolos con mayor diligencia, sus medios de defensa.

d) A poner en conocimiento del Decano el hecho de haberse encargado de un asunto profesional contra otro abogado o el intento de promover una acción contra otro compañero en defensa de derechos propios o cualquiera otra cuestión que entre compañeros surja por razones de tipo profesional.

e) A exigir rigurosamente la intervención de procurador cuando la Ley imponga esa intervención

f) A guardar el secreto profesional, conforme a las normas de la más escrupulosa moralidad.

g) A ejercitarse con voluntad de perfección en las virtudes de compañerismo, la lealtad y la absoluta probidad en los procedimientos en el comercio profesional con los demás abogados.

h) A consultar con el Decano cualquier duda que se le ofrezca en la conducta profesional que deben seguir, facultándole para que, a su vez, el Decano, si lo estima necesario, someta el caso a la Junta de Gobierno.

ART. 13.- La sagrada obligación de defender gratuitamente a los pobres es una carga que grava personalmente a todos los abogados en ejercicio, que se levantará en la forma que se detalla a continuación:

A) El Colegio llevará un libro de turnos en que los asuntos profesionales se clasificarán en los grupos que a continuación se expresan:

Turnos de vagos y maleantes.

Turnos de asuntos criminales.

Turnos de asuntos civiles.

B) Recibida una comunicación de la Audiencia o de un Juzgado pidiendo la designación de abogado de turno, el Secretario del Colegio, o por su delegación, el oficial, incluirá la petición en la clase que corresponda y determinará el nombre del colegiado que ha de llevar el turno por orden de rigurosa antigüedad, comunicando en seguida el nombre del designado a la autoridad requiriente y al propio interesado. Sólo quedarán exentos de la obligación de llevar el turno los colegiados con cincuenta o más años de ejercicio profesional.

C) La causa o pleito en que haya de intervenir un letrado en turno de pobre, deberá recibirla el letrado precisamente por medio del procurador, igualmente designado en turno, por cuyo conducto los devolverá, una vez evacuado el trámite. El letrado dará recibo de los autos al procurador y lo recogerá al devolvérselos.

D) Si un defendido como pobre se dirigiera por escrito al Decano designado como su defensor a otro abogado distinto del de turno y en el documento constara la aceptación del designado, el asunto saldrá automáticamente del turno de pobre, quedando liberado de su obligación el abogado a quien correspondió la defensa de oficio. El Decano cursará la oportuna comunicación al letrado en turno, quien devolverá las actuaciones al procurador para que éste las entregue al designado por el demandado.

E) El abogado de turno podrá hacerse sustituir por otro compañero en el despacho de un asunto de esta clase, mediante acuerdo entre ambos, comunicándolo al defendido y siempre que éste no se oponga. El sustituto, deberá exigir del sustituido que le confirme por escrito la sustitución

ART. 14.– La obligación a que se refiere el apartado d) del artículo 12, tendrá por finalidad suscitar la mediación del Decano para zanjar diferencias y evitar pleitos y disgustos entre colegiados; pero si después de una urgente y discreta intervención, se declara el Decano convencido de la inutilidad de su gestión, quedará en libertad el letrado que hiciera la consulta, para proceder sin más trámites en la forma que viere convenir a su derecho o al de su cliente.

ART. 15.- La Junta de Gobierno está facultada para organizar en las forma que crea más conveniente para el mejor servicio de los defendidos, los turnos de determinados asuntos espaciales, como por ejemplo, el de vagos y maleantes, en los que por ni ser preceptiva la intervención del letrado y sí sólo potestativa, cabe restringir el alcance del turno reduciéndolo a un pequeño número de abogados o aún a uno solo, si voluntariamente se prestara a ello.

ART. 16.- Ningún abogado podrá encargarse de la dirección de asunto alguno judicial o extrajudicial, en el que se hallare entendiendo otro abogado, sin obtener previamente autorización escrita de éste, o, en su defecto, sin que le exhiba documento acreditativo de que el compañero que ha de cesar tiene cobrados todos los honorarios que tuviese devengados en el asunto y cliente de que se trate; bien entendido que, éste último caso, no le exime de la obligación de participarlo a su mencionado antecesor.

Ello no obstante, en causas de justificada urgencia, de negativa del letrado sustituido, de discrepancias acerca de la cuantía de los honorarios por él mismo devengados, o en los de deuda que se presenten, podrá el Decano conceder la autorización o resolver el caso, siendo sus decisiones inapelables.

El letrado que no ajuste su conducta a estas formalidades, será sancionado disciplinariamente.

ART. 17.- Los abogados está obligados en el caso de no convenirles continuar en cualquier asunto dirigiendo al cliente que les hubiere nombrado, a hacerle saber su desistimiento con la antelación necesaria, para que no queden indefensos los intereses puestos bajo su amparo, principalmente cuando estuvieren en curso plazos para evacuar cualquier traslado o próxima la prescripción de la acción, la caducidad de la instancia o la práctica de diligencias o celebración de vista.

ART. 18.– Según dispone el artículo 14 del Estatuto General de los Colegios de Abogados, queda prohibido a los miembros en ejercicio del Colegio de Bilbao en relación con agencias de negocios, oficinas gestoras o consultorios, la realización de las siguientes actividades:

La de dar su nombre como titular de tales restablecimientos

La de prestar su firma para autorizar escritos, estudios o trabajos de cualquier clase, que no hubieran sido redactados por ellos, y,

En general, realizar cualquier gestión que tenga por objeto cubrir las actividades propias de esos negocios, aún cuando en sí mismas perfectamente respetables, con la garantía profesional y técnica de un colegiado inscrito.

Naturalmente que no está incluida en esta prohibición la apelación de tales negocios y agencias, como de cualquier otra actividad lícita y honesta, a los servicios profesionales de un abogado, para hacerles consultas o pedirles dictámenes, puesto que lo que se pretende en esta prohibición, es separar la función puramente profesional del abogado de la función gestora, que no entra dentro de las actividades de la toga.

ART. 19.- Los abogados colegiados que dejaren de satisfacer las cuotas acordadas por la Junta de Gobierno dentro del plazo señalado, obtendrán una prórroga de quince días para verificarlo y si transcurriese el plazo sin que lo efectuasen, serán eliminados de la lista del Colegio hasta que lo realicen.

CAPITULO III

De los derechos de los abogados

ART. 20.- Los abogados colegiados tienen la obligación de participar a la Junta de Gobierno sus cambios de domicilio dentro de la población en que residan, su traslación de vecindad y las ausencias que hayan de prolongarse por más de tres meses consecutivos.

ART. 21.– El local del Colegio de Abogados es el domicilio social de la Corporación, el lugar en que se celebran las reuniones y Juntas y al que pueden asistir los abogados para conferir entre sí y para estudiar, utilizando la biblioteca del Colegio.

Los locales del Colegio no están destinados a recibir habitualmente a la clientela, sino solamente por vía de excepción.

ART. 22.- Por ser el ejercicio de la abogacía una profesión liberal, los trabajos de los profesionales que la ejercen no están sujetos a arancel. Por esta razón, las llamadas normas de orientación para la fijación de honorarios mínimos que aprobó la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Bilbao en 1969 no tiene más alcance que el que les da su propia denominación de normas de orientación. Por consiguiente, ni los letrados en sus minutas, ni la Junta de Gobierno en sus informes en caso de regulación de honorarios están obligados a someterse a ellas. En todo caso, al consultarlas se debe tener presente que los honorarios fijados en esas normas tienen el carácter de mínimos y que es lícito defender que esos mínimos han tenido que elevarse a partir de 1969 en relación con el tono general de aumento de los precios de todas las cosas y servicios y con el incremento que han experimentado, oficial o habitualmente, los emolumentos de todas las profesiones, incluso de las sometidas a arancel.

ART. 23.- El letrado en ejercicio, por su condición de tal, está capacitado legalmente para actuar ante todos los Organismos de la Administración pública en los casos en que entienda convenir a su actuación profesional, sin que ello signifique ejercicio de la profesión de gestor administrativo, sino que esta facultad constituye parte del contenido propio de la actividad del abogado.

Siendo cada vez más frecuente la utilización de los servicios profesionales de los abogados, por su especial preparación técnica, para el desempeño de funciones extrajudiciales, no susceptibles de regulación por su variedad en un arancel por conceptos, los letrados que desempeñen tales servicios ajustarán sus minutas a la costumbre general admitida entre profesionales de otras actividades similares.

ART. 24.- Ningún letrado que preste su servicio habitualmente en una empresa en que exista reglamentación del trabajo, podrá percibir sueldo o emolumentos inferiores a los que las propias Bases del Trabajo señalen. En el caso de que las Bases de Trabajo no señale remuneración expresa para los servicios del abogado, éste podrá acudir a la Junta de Gobierno pidiendo su intervención cerca de las empresas en defensa de la obtención de uno de sus honorarios decorosos y ajustados a la importancia de la función que el abogado desempeñe en la empresa. Si por no llegar a un acuerdo con las empresa y por ser los emolumentos manifiestamente insuficientes e impropios del decoro profesional, se viere el letrado obligado a dimitir su cargo, ningún otro colegiado podrá sustituirle en la empresa, ni en las mismas condiciones, ni en otras superiores, en virtud de un elemental principio de solidaridad y de decoro profesional.

ART. 25.– La Junta de Gobierno invitará a todos cuantos desempeñen funciones en empresas para las que verosímilmente se hayan cotizado la calidad de abogado para obtener los puestos en cuestión y que sin embargo, no estén inscritos como abogados en ejercicio, a que se inscriban, procurando suscitar en ellos el sentido de la solidaridad profesional de la gratitud hacia el título que les ha permitido escalar tales posiciones.

CAPITULO IV

De la Junta de Gobierno

ART. 26.- La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Bilbao se compondrá de un decano, Un Vicedecano y Diputados Primero, Un Diputado Segundo, un Diputado Tercero, un Diputado Cuarto, un Diputado Quinto, un Diputado Sexto, un Diputado Séptimo, un Diputado Octavo, un Diputado Noveno. un Diputado Décimo, un Diputado Undécimo, un Tesorero y un Secretario. El Diputado Segundo asumirá el cargo de Bibliotecario Contador. Todos ellos habrán de ser Abogados en ejercicio.

CAPITULO V

De los actos comparativos

ART.27.- El Colegio mantendrá con todo interés los dos actos corporativos que por tradición vienen celebrándose anualmente, que son el solemne funeral en sufragio de las almas de todos los colegiales difuntos que se celebra en el mes de noviembre y el banquete que también tiene lugar todos los años para que los  colegiales tengan ocasión de acreditar sus sentimientos de fraternidad y compañerismo.

DISPOSICION FINAL

ART. 28.- El orden de preferencias de vigencias de disposiciones por las que ha de regirse el Colegio de Abogados de Bilbao es éste: el Estatuto de la Abogacía de 28 de junio de 1946, el Estatuto General de los Ilustres Colegios de Abogados de España de 3 de febrero de 12947 y el presente Estatuto Particular, cuyas disposiciones sólo tienen por objeto desarrollar para el Colegio de Bilbao aquellos conceptos de los Estatutos antes mencionados que dejan a la resolución de los Colegios la regulación de ciertos extremos. La Junta de Gobierno irá recogiendo las enseñanzas que la realidad presente para incorporarlas a este Reglamento previa aprobación de la Junta General.

.      .      .

La comisión Ejecutiva del Consejo General de Colegios de Abogados de España, especialmente autorizada para ello por el Pleno de dicho organismo, en sesión de 28 de diciembre de 1947 aprobó el precedente Estatuto del Colegio de Abogados de Bilbao, según certificación expedida por el señor Secretario de dicho Consejo General, fecha 1º de diciembre del mismo año.