Estatuto de Gipuzkoa

ESTATUTO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA

Boletín Oficial del País Vasco 21/02/2003 Pág: 02630

INDICE

ORDEN de 20 de diciembre de 2002 del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se aprueban los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa. 5

Artículo 1.– Aprobación. 5

Artículo 2.– Publicación. 5

Artículo 3.– Inscripción. 5

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.– Efectividad. 5

ESTATUTOS DEL I.C. DE ABOGADOS DE GIPUZKOA.. 5

PREÁMBULO.. 5

TÍTULO PRIMERO.-DISPOSICIONES GENERALES.. 9

CAPÍTULO PRIMERO.- DE LA ABOGACÍA.. 9

Artículo 1.– Función social de la Abogacía. 9

Artículo 2.– Derecho a la asistencia jurídica. 9

Artículo 3.– Ejercicio en régimen de competencia. 9

Artículo 4.– Exclusividad de ejercicio de la profesión de Abogado/a. 10

Artículo 5.– Uso exclusivo de la denominación de Abogado/a. 10

Artículo 6.– Ambito territorial de ejercicio de la profesión. 10

CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA.. 11

Artículo 7.– Naturaleza jurídica. 11

Artículo 8.– Doble oficialidad lingüística. 11

Artículo 9.– Carácter único y domicilio. 11

Artículo 10.– Autonomía y régimen jurídico. 11

Artículo 11.– Fines del Colegio. 12

Artículo 12.– Funciones del Colegio. 12

CAPÍTULO TERCERO.-DE LA COLEGIACIÓN.. 13

Artículo 13.– Requisitos de incorporación al Colegio de Abogados de Gipuzkoa. 13

Artículo 14.– Prohibición de listas cerradas y carácter reglado de la incorporación. 14

Artículo 15.– Tramitación y Resolución. 14

Artículo 16.– Clases de colegiados/as. 14

Artículo 17.– Baja de colegiado/a. 14

Artículo 18.– Reincorporación. 15

Artículo 19.– Abogados/as europeos/as que ejerzan la profesión con título. 16

Artículo 20.– Listas de colegiados/as. 16

Artículo 21.– Intrusismo. 16

TÍTULO SEGUNDO.-DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.. 17

CAPÍTULO PRIMERO.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ABOGADOS/AS. 17

Artículo 22.– Principios generales. 17

SECCIÓN PRIMERA.-DERECHOS Y DEBERES DE CARÁCTER GENERAL. 17

Artículo 23.– Independencia. 17

Artículo 24.– Libertad de defensa. 18

Artículo 25.– Secreto profesional. 18

Artículo 26.– Deber de verdad. 20

Artículo 27.– Confianza, lealtad y probidad. 20

Artículo 28.– Prohibición de actuar en caso de conflicto de intereses y/o de riesgo de vulneración del secreto profesional. 20

Artículo 29.– Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones de ejercicio de la profesión. 21

Artículo 30.– Aseguramiento de la responsabilidad civil. 22

SECCIÓN SEGUNDA.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS COLEGIADOS/AS EN RELACIÓN CON LOS CLIENTES, LA PARTE CONTRARIA, LOS COLEGAS, EL COLEGIO Y LOS TRIBUNALES. 22

Artículo 31.– Libertad del Abogado para aceptar asuntos y clientes. 22

Artículo 32.– Formación Permanente y Diligencia Profesional. 23

Artículo 33.– Información al cliente. 23

Artículo 34.– Fondos y cantidades del cliente. 24

Artículo 35.– Renuncia del Abogado/a. 25

Artículo 36.– Resolución del encargo por el cliente. 25

Artículo 37.– Honorarios profesionales. 26

Artículo 38.– Presupuesto y liquidación.– «Nota de encargo». 26

Artículo 39.– Relaciones con la parte contraria. 27

Artículo 40.– Derecho a la constitución de agrupaciones. 27

Artículo 41.– Derechos de los colegiados/as en relación a la organización colegial. 28

Artículo 42.– Deberes de los colegiados/as en relación a la organización colegial. 28

Artículo 43.– Derechos y deberes en relación con los Tribunales. 29

Artículo 44.– Relaciones entre compañeros/as de profesión. 29

CAPÍTULO SEGUNDO.-DE LAS FORMAS DE EJERCICIO CON DESPACHO PROFESIONAL EN GIPUZKOA.. 29

Artículo 45.– Libertad de opción por la forma de ejercicio. 29

Artículo 46.– Ejercicio individual. 30

Artículo 47.– El ejercicio individual en régimen de colaboración o de derecho laboral con el titular de un despacho individual de Abogado/a. 30

Artículo 48.– Despachos colectivos. 31

Artículo 49.– Agrupaciones pluridisciplinares. 32

CAPÍTULO TERCERO.-DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA.. 33

Artículo 50.– Disposición General. 33

Artículo 51.– Derecho a informar y hacer publicidad. 33

CAPÍTULO CUARTO.-DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.. 34

Artículo 52.– Disposición General. 34

TÍTULO TERCERO.-ORGANIZACIÓN COLEGIAL.. 34

Artículo 53.– Órganos. 34

CAPÍTULO PRIMERO.-LA ASAMBLEA GENERAL. 34

Artículo 54.– Definición y funciones. 34

Artículo 55.– Asambleas generales ordinarias. 35

Artículo 56.– Asamblea General extraordinaria. 35

Artículo 57.– Asamblea General de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros. 35

Artículo 58.– Procedimiento. 36

Artículo 59.– Derecho a voto. 36

Artículo 60.– Adopción de acuerdos y eficacia. 37

CAPÍTULO SEGUNDO.-LA JUNTA DE GOBIERNO.. 37

SECCIÓN PRIMERA.-LA JUNTA COMO ÓRGANO COLEGIADO.. 37

Artículo 61.– Funciones. 37

Artículo 62.– Delegación de funciones. 38

Artículo 63.– Composición y duración del mandato. 39

Artículo 64.– Elegibilidad. 39

Artículo 65.– Deberes de los miembros de la Junta de Gobierno. 40

Artículo 66.– Funcionamiento. 40

SECCIÓN SEGUNDA.-EL DECANO/A.. 41

Artículo 67.– Funciones. 41

SECCIÓN TERCERA.-OTROS ÓRGANOS UNIPERSONALES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.. 41

Artículo 68.– El Vicedecano/a. 41

Artículo 69.– El Secretario/a. 41

Artículo 70.– Diputado/a de Finanzas. 42

Artículo 71.– Diputado/a de Formación. 42

CAPÍTULO TERCERO.-RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES. 43

Artículo 72.– Disposición General. 43

Artículo 73.– Ejecutividad y recursos. 43

CAPÍTULO CUARTO.-RÉGIMEN ECONÓMICO.. 43

Artículo 74.– Principios Generales. 43

Artículo 75.– Recursos económicos. 43

Artículo 76.– El presupuesto. 44

Artículo 77.– Dación de cuentas. 44

Artículo 78.– Patrimonio y gestión. 44

CAPÍTULO QUINTO.-RÉGIMEN ELECTORAL. 44

Artículo 79.– Sufragio universal. 44

Artículo 80.– Convocatoria de elecciones. 45

Artículo 81.– Condiciones de elegibilidad. 45

Artículo 82.– Reclamación contra las listas de electores/as. 45

Artículo 83.– Presentación de candidaturas y proclamación. 45

Artículo 84.– Actuaciones hasta el día de la elección. 46

Artículo 85.– Voto por correo. 46

Artículo 86.– Votación. 47

Artículo 87.– Escrutinio. 47

Artículo 88.– Recursos. 47

Artículo 89.– Plazos. 48

Artículo 90.– Toma de posesión. 48

TÍTULO CUARTO.-RÉGIMEN DISCIPLINARIO.. 48

Artículo 91.– Principios generales. 48

Artículo 92.– Competencia sancionadora disciplinaria y alcance. 48

CAPÍTULO PRIMERO.-INFRACCIONES Y SANCIONES. 49

Artículo 93.– Clasificación. 49

Artículo 94.– Infracciones muy graves. 49

Artículo 95.– Faltas graves. 50

Artículo 96.– Infracciones leves. 52

Artículo 97.– Sanciones. 52

Artículo 98.– Extinción de la responsabilidad disciplinaria. 53

Artículo 99.– Remisión a normas en materia de ejecución y de prescripción. 53

Artículo 100.– Rehabilitación. 53

CAPÍTULO SEGUNDO.-PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.. 54

Artículo 101.– Organo competente para la iniciación y resolución del expediente sancionador. 54

Artículo 102.– Abstención y recusación. 54

Artículo 103.– Inicio del procedimiento sancionador. 54

Artículo 104.– Nombramiento de Instructor. 54

Artículo 105.– Instrucción. 54

Artículo 106.– Medidas cautelares. 55

Artículo 107.– Resolución. 56

Artículo 108.– Recursos. 56

Artículo 109.– Integración de normas. 56

TÍTULO QUINTO.-MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.. 57

Artículo 110.– Iniciativa. 57

Artículo 111. 57

TÍTULO SEXTO.-DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.. 58

Artículo 112.– Disolución. 58

Artículo 113.– Liquidación. 58

DISPOSICIONES ADICIONALES.. 58

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Carácter de normas deontológicas. 58

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Comisión de Deontología. 58

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA.– Relaciones institucionales. 59

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Secretaría Técnica. 59

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Normas de honorarios. 59

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Escuela de Práctica Jurídica. 59

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.– «Habilitación» para actuar como Abogados/as licenciados/as en Derecho sin necesidad de colegiación. 59

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.. 60

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Renovación de la actual Junta de Gobierno. 60

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Carácter orientativo de los honorarios. 60

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Procedimientos en tramitación. 60

DISPOSICIONES FINALES.. 61

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Entrada en vigor. 61

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Aprobación definitiva. 61

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Cláusula derogatoria. 61

ORDEN de 20 de diciembre de 2002 del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se aprueban los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979

de 18 de diciembre, en el artículo 10.22, establece la competencia exclusiva

de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Colegios Profesionales y

el ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio en lo dispuesto en

los Artículos. 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de

Colegios y Consejos Profesionales, dictada en virtud de la citada competencia,

establece en su artículo 33 que los estatutos colegiales, así como su reforma,

serán comunicados al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del

Gobierno Vasco para su aprobación definitiva, previa verificación de su

legalidad, mediante Orden que será publicada en el Boletín Oficial del País

Vasco conjuntamente con los estatutos e inscrita en el Registro de Profesiones

Tituladas.

Verificada la adecuación a la legalidad de los Estatutos del Ilustre Colegio

de Abogados de Gipuzkoa, en virtud de las competencias que me otorga la Ley

18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de

Colegios y Consejos Profesionales,

RESUELVO:

  Artículo 1.– Aprobación.

Aprobar los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa.

  Artículo 2.– Publicación.

Ordenar la publicación de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de

Gipuzkoa como Anexo a la presente Orden.

  Artículo 3.– Inscripción.

Ordenar la inscripción de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de

Gipuzkoa en el Registro de Profesiones Tituladas en el momento en que éste sea

constituido formalmente.

  DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.– Efectividad.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación

en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2002.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

  ESTATUTOS DEL I.C. DE ABOGADOS DE GIPUZKOA

  PREÁMBULO

1.– El presente Estatuto da cumplimiento al mandato contenido en la Ley vasca

18/1997, de 21 noviembre, de Profesiones tituladas y de Colegios y Consejos

Profesionales, de actualización del Estatuto de los Colegios Profesionales a

lo en ella previsto. Mas el Estatuto no nace sólo de un mandato de la Ley. El

ejercicio de nuestra profesión ha experimentado notables transformaciones de

su marco jurídico general desde que se aprobara el Estatuto anterior. Estas

transformaciones fundamentales podrían resumirse en los siguientes aspectos.

En primer lugar, hecha mención a los Colegios Profesionales en el art. 36 CE y

encuadrado el precepto en el capítulo referente a los derechos individuales,

han de deducirse de aquí notables consecuencias jurídicas. Una y primera es

que se trata de un tipo específico de asociación. Conlleva ello que los

Colegios Profesionales son una manifestación, entre otras muchas, de la

autonomía de la sociedad civil y este principio de autonomía ha de defenderse

y proclamarse como se hace en el artículo 10.1 del presente Estatuto. Ello no

conduce a configurar este derecho como un derecho absoluto; en consecuencia,

el Estatuto asume expresamente en el artículo 10.3 nuestra integración como

Abogados/as en el marco general de la Abogacía y, por ello mismo, las reglas

deontológicas elaboradas y aprobadas en espacios territoriales más amplios. Al

tiempo, el Estatuto a consecuencia del régimen legal de la incorporación al

Colegio que habilita el ejercicio profesional en todos los países de la Unión

Europea y de los firmantes del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, y

viceversa, asume también como reglas propias y se remite a ellas, las

establecidas a tal efecto en la normativa europea y estatal común, y las

establecidas en el Estatuto General de la Abogacía. La ruptura del

compartimento estanco que anteriormente eran los Colegios Profesionales

constituye otro aspecto fundamental del proceso de cambio de los profesionales

colegiados.

Es menester también acoger otras transformaciones del régimen jurídico de

nuestra profesión por razón de complitud del Estatuto, aun cuando hayan sido

establecidas mediante leyes. Así las referentes a la liberalización de nuestra

profesión que nos considera como empresarios sujetos a iguales normas que

cualquier otro operador económico. A ello obedecen reglas y menciones

específicas como las referidas a competencia leal que no es diferente a la

actuación de buena fe y con sujeción a lo dispuesto en el presente Estatuto;

las referentes a la información y a la publicidad; a la liberalización de

honorarios y demás aspectos que nos identifican y singularizan como

prestadores de servicios.

En este contexto, un último aspecto es la decidida voluntad del presente

Estatuto de situar en el centro de nuestra ordenación profesional y como su

principio rector, la garantía de todos los derechos que como personas, en el

sentido pleno de la palabra, esto es, titulares del derecho fundamental a la

asistencia letrada, y como usuarios de nuestros servicios corresponden a las

personas a las que asistimos profesionalmente y con las que contratamos.

Nuestra profesión será tanto más digna cuanto mayor esfuerzo hagamos en la

garantía leal de los derechos e intereses de nuestros clientes.

2.– El Estatuto se divide y ordena en cinco títulos en que se expresan los

contenidos necesarios del Estatuto conforme a la Ley vasca 18/1997, de 21 de

noviembre, de Ejercicio de Profesiones Titulados, de Colegios y Consejos

Profesionales que es la norma en que se inserta a tenor de la competencia

establecida en el artículo 10.22 del Estatuto de Autonomía. En la

determinación del régimen de autonomía del Colegio y de su capacidad de

autoorganización y de ordenación de la profesión, se ha atendido al bloque de

constitucionalidad, concretamente al reparto de competencias entre el Estado y

la Comunidad Autónoma, desplazando normas del Estatuto general de la Abogacía

particularmente en todo lo que atañe a cuestiones tales como la estructura y

organización de los Colegios con un reglamentismo extremo y en materia de

infracciones y sanciones. Dentro del bloque de constitucionalidad también ha

de considerarse que el sujeto mencionado en el art. 36 CE son únicamente los

Colegios Profesionales, sin mención alguna a los Consejos, y dicho sujeto

resulta protegido por una garantía constitucional de su autonomía, no conforme

con el carácter subordinado de los Colegios que contempla el Estatuto General

de la Abogacía.

Consecuentemente resultan de aplicación en el ámbito del Colegio de Abogados

de Gipuzkoa, las disposiciones del Estatuto General de la Abogacía, aprobado

por R.D. 658/2001, de 22 de Junio, y demás disposiciones emanadas del Consejo

General o de sus órganos, en cuanto no se opongan a la Ley Vasca 17/1997, de

21 de Noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y

Consejos Profesionales y a lo establecido en el presente Estatuto.

3.– En el Título Primero, el Capitulo primero hace mención a los aspectos más

básicos de nuestra profesión. Mención especial ha de hacerse al art. 1.º que

expresa la función social de la Abogacía. Ello tiene un claro significado que

no es otro que el hecho de que nuestra profesión es ni más ni menos que

depositaria y guardiana de un derecho humano fundamental, cual es el de la

asistencia por Abogado/a ante todo tipo de jurisdicciones. Esta perspectiva

nuclea cualquier mención que se pueda hacer a la dignidad indiscutible de la

profesión de Abogado/a y de ella derivan sus derechos y deberes que, en

relación a los clientes y a la sociedad en general, son siempre un

derecho/deber, dos caras de una misma moneda.

El Capítulo segundo contiene las menciones necesarias a la naturaleza jurídica

del Colegio como Corporación de Derecho público y a sus fines, al igual que el

Capítulo tercero recoge el régimen de la incorporación y, por razón de

complitud, otras reglas como las referidas al ámbito territorial de ejercicio.

4.– Particular atención se ha prestado a la ordenación de la profesión y de su

ejercicio que es el objeto del Título Segundo.

El Capítulo primero de este Título bajo el epígrafe de «derechos y deberes de

los Abogados/as» recoge en diferentes secciones el código de conducta o código

deontológico de los Abogados/as que actúan en Gipuzkoa. Existe un hilo

conductor nítido que configura los derechos de los Abogados/as como deberes

exigibles por las personas a quienes los Abogados/as asisten profesionalmente.

La recepción en el Estatuto de estas reglas no se limita a su mención, sino

que establece su contenido. Se contiene así referencia a todas aquellas

características de ejercicio de la profesión de Abogado/a sin las que esta

sería irreconocible socialmente. Así, el Estatuto contempla cuestiones tales

como la independencia de los Abogados/as, la libertad de defensa, el deber de

verdad, de lealtad y de probidad en el cumplimiento de los encargos

profesionales, la prohibición de actuar en supuestos de conflicto de intereses

ofreciendo una regulación de lo que haya de entenderse por tal y otros más

aspectos de igual naturaleza.

En este contexto, el artículo 25 ofrece una completa descripción de lo que

haya de entenderse por secreto profesional del Abogado/a. En este aspecto

concreto, el Estatuto extiende el secreto profesional también a las

comunicaciones y relaciones entre Abogados/as de las partes y establece reglas

concretas de articulación de estas relaciones. La razón de ello, siguiendo lo

establecido en muy diferentes códigos deontológicos y los principios que hacen

razonable e, incluso, necesaria su recepción, no es otra que el papel del

Abogado/a como mediador/a, entendiendo la profesión de Abogado/a como una

contribución a la paz social mediante la búsqueda de soluciones justas que

propicien el acuerdo entre las partes, tratando en lo posible de evitar los

pleitos. De ahí que las comunicaciones entre Abogados/as hayan de estar

sujetas también al secreto profesional y a otras limitaciones, entendiendo que

de esta manera las partes estarán más libres para negociar y lograr acuerdos.

Singular importancia se presta a las relaciones profesionales con los

clientes, en cuanto basadas en un contrato y en la confianza mutua. En este

marco la información que se debe al cliente ocupa un lugar central como

obligación implícita a una prestación de servicios. Entre estos elementos de

información se aconseja que las relaciones se instrumenten mediante «Nota de

encargo» y en dos supuestos se señala que resulta obligatoria.

El Capítulo segundo de este Título Segundo está dedicado a las formas de

ejercicio con despacho profesional en Gipuzkoa. El Estatuto parte de la

libertad de opción por la forma de ejercicio (art. 45), como principio que

corresponde por naturaleza a una profesión liberal. Podría entenderse que con

la proclamación de tal principio, uno de los principios generales ordenadores

de la profesión de Abogado/a, sería suficiente. Sin embargo, aspectos tales

como la relación de confianza entre cliente y Abogado/a, la prohibición de

actuación en caso de conflicto de intereses, la independencia o el secreto

profesional, entre otras consideraciones, requieren una regulación de

determinadas formas de ejercicio. A ello obedece la regulación de los

despachos individuales con colaboradores, los despachos colectivos y las

agrupaciones pluridisciplinares que, en todos los casos, aparecen despojadas

de rigideces formales innecesarias contrarias al principio enunciado en el

artículo 45.

5.– El Título Tercero está dedicado a los órganos colegiales. El Estatuto

mantiene a este respecto una línea de continuidad que se ha manifestado eficaz

a lo largo del tiempo, sin apenas modificaciones significativas y siempre en

la pretensión de garantizar el funcionamiento democrático del Colegio.

Sin perjuicio del carácter de órgano supremo que corresponde a la Asamblea

General, la organización colegial sigue pivotando en torno a la Junta de

Gobierno, bajo la presidencia del Decano.

Entre las novedades más significativas respecto al régimen que el Estatuto

deroga, está la renovación de la Junta de Gobierno por mitades de sus miembros

a fin de garantizarse mayor continuidad de ejercicio y la moción de censura a

la Junta de Gobierno o a alguno/a de sus miembros. Otras modificaciones han

sido consecuencia de la Ley vasca 18/1997 en sus aspectos referidos a los

Colegios Profesionales.

Igualmente dicha Ley inspira todo lo referente a los recursos colegiales

frente a decisiones de sus órganos, así como al régimen económico,

presupuestario y patrimonial.

6.– La materia de infracciones, sanciones y procedimiento disciplinario

aparece regulada en el Título Cuarto.

En cuanto a sanciones, el Estatuto remite a lo establecido a este respecto en

la Ley vasca 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones

Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

En lo relativo a infracciones, el Estatuto toma en consideración los

siguientes aspectos. De una parte, lo que al respecto establece la citada Ley

vasca sin olvidar que en este campo concreto del régimen disciplinario de las

profesiones colegiadas, las relaciones se caracterizan por la jurisprudencia

como de supremacía especial en cuyo marco el principio de reserva de Ley del

art. 25.1 CE aparece menos exigente, como han señalado entre otras las STC

219/89 y 93/92. Sin embargo, los principios de tipicidad y de predeterminación

de la sanción, no admiten excepción.

En tal marco de referencia se ofrece un cuadro amplio y detallado de

infracciones en que se tiene en particular consideración el principio de

proporcionalidad que nuevamente es una exigencia ineludible de cualquier

derecho sancionador.

En materia de procedimiento se ha cuidado el establecimiento de un sistema

garantista, teniendo en cuenta la legislación estatal y vasca a este respecto.

Particular atención ha merecido el sistema de designación del Instructor, a

partir de la premisa de que no sea designado discrecionalmente por la Junta de

Gobierno (órgano que decide la incoación del procedimiento y, en su caso,

acuerda la sanción) como garantía más plena del principio de separación en

materia de ius puniendi administrativo, entre el órgano decisor y el órgano

instructor. De ahí que haya parecido razonable regular en el propio Estatuto

la Comisión de Deontología que ya venía existiendo y actuando en el Colegio,

atribuyéndole entre otras funciones, la de designación del Instructor de

manera que si este es uno de sus miembros, lo será aquel a quien por turno

corresponda, sin perjuicio de que la Comisión de Deontología pueda designar a

alguien ajeno a la misma. Las garantías de procedimiento tienen así, y en

otras medidas vinculadas a este hecho, su más acabado complemento.

7.– El Estatuto finaliza con dos títulos dedicados a su reforma y a la

disolución del Colegio a cuyo efecto se parte de que sólo podrá hacerse por

Ley.

Por todo ello, la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, aprobó

en sesión celebrada el día 20 de Junio de 2002 el siguiente.

ESTATUTO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA

TÍTULO PRIMERO.-DISPOSICIONES GENERALES

  CAPÍTULO PRIMERO.- DE LA ABOGACÍA

  Artículo 1.– Función social de la Abogacía.

1.– La Abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio

a la sociedad en interés público.

2.– Los Abogados/as han de cumplir rigurosamente las exigencias deontológicas

y demás deberes de la profesión que resultan del presente Estatuto y del resto

del ordenamiento jurídico. El cumplimiento de dichos deberes y exigencias

deontológicas constituye un derecho de las personas a las que asisten o con

las que conciertan sus servicios.

3.– La aplicación e interpretación de lo previsto en el presente Estatuto y,

en particular, en sus normas deontológicas, será siempre ajustada a la

protección del derecho fundamental a la defensa del que la Abogacía constituye

uno de sus pilares, y a la aplicación del principio de Estado de Derecho.

  Artículo 2.– Derecho a la asistencia jurídica.

El Colegio de Abogados de Gipuzkoa velará para que a ninguna persona se le

niegue la asistencia técnico-legal por Abogado/a para la defensa de sus

derechos e intereses, ya sea de su libre elección o bien de oficio, con o sin

reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, conforme a los

requisitos establecidos al efecto.

  Artículo 3.– Ejercicio en régimen de competencia.

1.– La profesión de Abogado/a se ejerce en régimen de libre y leal competencia

de conformidad con las disposiciones que la regulan.

2.– El ejercicio de la Abogacía en régimen de competencia habrá de ser

compatible en todo caso con el cumplimiento riguroso de las normas

deontológicas de la profesión.

  Artículo 4.– Exclusividad de ejercicio de la profesión de Abogado/a.

1.– De conformidad con lo establecido en el artículo 436 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, corresponde en exclusiva la denominación y función de

Abogado/a al Licenciado/a en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección

y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y

consejo jurídico.

2.– El ejercicio de la función de Abogado/a con el alcance definido en el

apartado anterior, requiere como condición necesaria la previa incorporación a

alguno de los Colegios de Abogados con sede en el Estado español, sin más

excepciones que las estrictamente previstas en las leyes o disposiciones

normativas de igual rango o valor.

  Artículo 5.– Uso exclusivo de la denominación de Abogado/a.

1.– Sólo podrán utilizar la denominación de Abogado/a quienes cumplan, de

conformidad con el régimen general de la Abogacía, las condiciones previstas

en los arts. 4, 13 y 19 del presente Estatuto.

2.– Así mismo podrán utilizar la denominación de Abogado/a siempre que venga

acompañada de la expresión «sin ejercicio», quienes causen baja en la

profesión después de haberla ejercido durante, al menos, veinte años, siempre

que en el momento de solicitud de la baja no se les esté instruyendo

procedimiento penal que pueda conllevar sanción de inhabilitación o expediente

disciplinario por falta muy grave y en tanto dure la instrucción, y, en

cualquier caso, cuando la causa de la baja impida el mantenimiento en la

condición de no ejerciente conforme al artículo 17.3 del presente Estatuto.

  Artículo 6.– Ambito territorial de ejercicio de la profesión.

1.– La incorporación al Colegio de Abogados de Gipuzkoa habilita para el

ejercicio de la profesión en el conjunto del Estado, conforme a lo establecido

en las leyes y, respecto al ejercicio transfronterizo en los demás países

miembros de la Unión Europea o de los Estados dignatarios del Acuerdo sobre el

Espacio Económico Europeo, conforme a las Directrices que lo regulan y los

Reales Decretos que las trasponen.

Será exigible el requisito de comunicación previa al Colegio de Abogados de

Gipuzkoa para los profesionales incorporados a otros colegios que vayan a

llevar a cabo actividades profesionales en este Territorio. No obstante no

será exigible a quienes figuren incorporados a otros Colegios de la Comunidad

Autónoma del País Vasco o a cualesquiera otros con los que el Consejo Vasco de

la Abogacía o el Colegio de Abogados de Gipuzkoa haya convenido la exención de

dicho requisito.

2.– Los colegiados/as pertenecientes al Colegio de Abogados de Gipuzkoa,

cuando lleven a cabo actuaciones profesionales fuera del Territorio Histórico

estarán sujetos además de a las normas propias de este Colegio, a las normas

de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio en cuyo ámbito

territorial lleven a cabo su actuación, que será competente para la

tramitación y resolución de los procedimientos disciplinarios a que hubiere

lugar.

De igual manera, los Abogados/as pertenecientes a otros colegios cuando actúen

profesionalmente en Gipuzkoa, quedarán sujetos a las normas, deontología y

régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Gipuzkoa que, en el supuesto

de incoación de expediente disciplinario, lo pondrá en conocimiento del

Colegio de pertenencia requiriendo, en su caso, los antecedentes e informes

que estime precisos.

  CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA

  Artículo 7.– Naturaleza jurídica.

El Colegio de Abogados de Gipuzkoa es una Corporación de Derecho Público

amparada por la Ley con personalidad jurídica propia y plena capacidad de

obrar para el cumplimiento de sus fines.

  Artículo 8.– Doble oficialidad lingüística.

1.– El euskera y el castellano son las dos lenguas oficiales del Colegio de

Abogados de Gipuzkoa.

2.– La Junta de Gobierno adoptará todas las medidas precisas para normalizar

el uso de ambas lenguas en condiciones de igualdad.

  Artículo 9.– Carácter único y domicilio.

1.– El ámbito del Colegio de Abogados de Gipuzkoa se extiende al conjunto del

Territorio Histórico de Gipuzkoa teniendo carácter único para el mismo.

2.– El domicilio social del Colegio se ubica en C/Fuenterrabía, 1-2.º dcha.

20005 Donostia-San Sebastián que podrá ser trasladado por acuerdo de la Junta

General a propuesta de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de que puedan

abrirse delegaciones en otros municipios por acuerdo de la Asamblea General.

  Artículo 10.– Autonomía y régimen jurídico.

1.– El Colegio ejerce sus fines y funciones propios con plena autonomía en los

términos del presente Estatuto y de las leyes y demás disposiciones europeas,

estatales y autonómicas que le afecten.

2.– El Colegio se regirá por las siguientes normas:

a) Las disposiciones normativas europeas, estatales y autonómicas que resulten

de aplicación con carácter general o particular a cada caso.

b) El presente Estatuto y los acuerdos que adopten los órganos de gobierno del

Colegio de Abogados de Gipuzkoa.

c) El Estatuto General de la Abogacía y demás disposiciones emanadas del

Consejo General o de sus órganos, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la

Disposición Final Primera del R.D. 658/2001, de 22 de junio, así como a lo

dispuesto en la Ley Vasca 17/1997, de 21 de noviembre de Ejercicio de

Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales y a lo

establecido en el presente Estatuto. Igualmente serán de aplicación las

disposiciones emanadas del Consejo Vasco de la Abogacía en cuanto no se

opongan a lo dispuesto en la citada Ley 17/1997 de 21 de noviembre y en su

caso al presente Estatuto.

3.– El Colegio de Abogados de Gipuzkoa en cuanto no invadan las competencias

que tiene atribuídas, asume como propias las normas deontológicas que acuerden

en el ámbito de sus respectivas competencias los organismos europeos,

estatales y vascos de la Abogacía. En el supuesto de discrepancia o duda

interpretativa entre dichas normas entre sí o con las del presente Estatuto,

se aplicará la que en mejor medida proteja los derechos e intereses del

cliente y la dignidad o consideración social de la profesión.

  Artículo 11.– Fines del Colegio.

Es fin esencial del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, la representación y

defensa de la profesión de Abogado y de los intereses profesionales de los

colegiados/as, en congruencia con los intereses y necesidades generales de la

sociedad.

  Artículo 12.– Funciones del Colegio.

1.– Son funciones del Colegio de Abogados de Gipuzkoa dentro de su ámbito

territorial:

a) Velar por la ética y la dignidad profesionales y por el respeto por parte

de los Abogados/as a los derechos e intereses de los clientes.

b) Ordenar el ejercicio de la profesión de Abogado/a en el marco definido por

las leyes y demás normas.

c) El establecimiento de normas deontológicas de ejercicio de la profesión y

su garantía velando por su efectivo cumplimiento.

d) La promoción y defensa de los derechos humanos y, en general, del principio

del Estado de Derecho.

e) Velar por un legal y adecuado ejercicio de la profesión, así como por el

cumplimiento de los derechos y obligaciones de los Abogados/as en su ejercicio

profesional dentro del Territorio Histórico de Gipuzkoa. En particular:

e 1) Velar por el ejercicio de la profesión en competencia leal, sancionando

las prácticas desleales y restrictivas y ejerciendo en su caso las acciones

procedentes.

e 2) Adoptar las medidas legales conducentes a evitar y perseguir el

intrusismo profesional.

f) Representar con carácter exclusivo a la profesión y ostentar la

representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines y,

especialmente para la defensa de la profesión ante la Administración, las

Instituciones, los Tribunales, las entidades y los particulares, con

legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los

derechos e intereses profesionales y a los fines de la Abogacía, ejercer las

acciones penales, civiles, administrativas o sociales que sean procedentes,

así como ejercer el derecho de petición conforme a la Ley.

g) Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y

cuantos otros servicios de asistencia y orientación jurídica se encuentran ya

establecidos o puedan establecerse.

h) La formación permanente de los colegiados/as.

i) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los

colegiados/as, de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión u

otros análogos y, en particular, promover la formación profesional permanente.

j) Establecer baremos orientadores sobre honorarios profesionales y, en su

caso, el régimen de las notas de encargo o presupuestos para los clientes, sin

perjuicio de lo previsto en la disposición adicional quinta y en la

disposición transitoria segunda del presente Estatuto.

k) La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la

Administración de Justicia.

l) Colaborar con las Administraciones Públicas en el logro de intereses

comunes. En particular:

l 1) Emitir los informes y estudios, incluida la elaboración de estadísticas,

que le sean requeridos y aquellos otros que el Colegio acuerde formular a su

propia iniciativa.

l 2) Participar en los organismos públicos o administrativos en que así esté

previsto.

m) Intervenir en vía de mediación o arbitraje en los conflictos profesionales

que se susciten entre Abogados/as o de estos/as con terceros, cuando así lo

soliciten de común acuerdo las partes implicadas.

n) Ejercer funciones de arbitraje en los asuntos que les sean sometidos, así

como promover o participar en instituciones de arbitraje.

ñ) Informar y dictaminar sobre honorarios profesionales, así como establecer,

mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, servicios voluntarios para su cobro.

o) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación

profesional de los colegiados/as y la percepción de sus honorarios, mediante

laudo al que previamente se sometan de modo expreso las partes interesadas.

p) Informar y dictaminar sobre supuestos de negligencia profesional.

q) Designar representantes en cualquier tribunal en que se exijan

conocimientos jurídicos, cuando se les requiera a ello.

r) Elaborar y aprobar sus presupuestos y las aportaciones de los

colegiados/as.

s) Cumplir y hacer cumplir a los Abogados/as el presente Estatuto y las demás

disposiciones legales que afectan a la profesión, así como las normas y

decisiones adoptadas por los órganos colegiales en las materias de su

competencia.

t) Ejercer la potestad sancionadora.

u) Cualesquiera otras que atribuya la legislación vigente a los Colegios de

Abogados.

v) Cuantas otras funciones sean beneficiosas para los intereses de la

profesión, guarden relación con las anteriores y se encaminen al cumplimiento

de los objetivos y fines del Colegio de Abogados de Gipuzkoa.

2.– El Colegio de Abogados de Gipuzkoa podrá ejercer por delegación funciones

propias de las Administraciones Públicas en los términos previstos en el art.

25 de la Ley vasca 18/1997, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de

Colegios y Consejos Profesionales o, en su caso, en los términos de la

correspondiente delegación por los órganos generales del Estado.

  CAPÍTULO TERCERO.-DE LA COLEGIACIÓN

  Artículo 13.– Requisitos de incorporación al Colegio de Abogados de Gipuzkoa.

1.– Los requisitos para la incorporación al Colegio de Abogados de Gipuzkoa

serán los establecidos con carácter general en el Estatuto General de la

Abogacía aprobado por RD 658/2001, de 22 de junio y, en su caso, en otras

disposiciones de carácter general y de ámbito territorial estatal que regulen

el acceso y las condiciones de ejercicio de la profesión de Abogado/a, así

como tener suscrito un contrato de aseguramiento por los riesgos por

responsabilidad civil, en los términos del artículo 31 del presente Estatuto.

En cuanto a los Abogados/as pertenecientes a otros Estados miembros de la

Unión Europea y del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que pretendan

ejercer en Gipuzkoa con carácter permanente y conforme al título expedido por

dichos Estados de origen, su incorporación al Colegio como Abogados/as

ejercientes se producirá conforme a lo previsto en el RD 936/2001, de 3 de

agosto, sobre El ejercicio permanente en España de la profesión de Abogado con

título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea.

2.– La incorporación al Colegio de Abogados de Gipuzkoa será obligatoria para

quienes tengan o vayan a tener en este Territorio Histórico su despacho

profesional único o principal.

Dicho requisito se entenderá cumplido cuando el Abogado/a esté adscrito/a en

régimen de dedicación exclusiva y mediante vínculo laboral a la plantilla de

una empresa prestando asesoramiento jurídico a la misma.

3.– El requisito de Colegiación, no será exigible a los profesionales del

Derecho a que se refiere el artículo 30.2. de la Ley 18/1997 de 21 de

noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos

Profesionales.

  Artículo 14.– Prohibición de listas cerradas y carácter reglado de la incorporación.

1.– El Colegio de Abogados de Gipuzkoa no podrá limitar el número de sus

colegiados/as, ni cerrar temporal o indefinidamente la admisión de nuevos

colegiados/as.

2.– El Colegio de Abogados de Gipuzkoa incorporará obligatoriamente a quien lo

solicite, previa acreditación por el interesado/a de que está en posesión del

título de Licenciado/a en Derecho o título homologado equivalente y de los

demás requisitos exigidos conforme a lo dispuesto en el artículo 13.

  Artículo 15.– Tramitación y Resolución.

1.– Las solicitudes de incorporación al Colegio de Abogados de Gipuzkoa

estarán dirigidas al Decano, debiéndose acreditar en el momento de su

presentación el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la

colegiación en la forma documental que acuerde la Junta de Gobierno.

2.– La Junta de Gobierno, después de practicar las diligencias y recibir los

informes y documentos oportunos, resolverá sobre la solicitud de ingreso,

admitiéndola, suspendiéndola o denegándola dentro del plazo máximo de dos

meses.

Cuando la documentación presentada resultare incompleta, se notificará al

solicitante tal circunstancia suspendiéndose el cómputo del plazo para la

resolución que se reanudará una vez cumplimentada la documentación o recibido

el informe.

3.– La falta de notificación de la resolución correspondiente dentro del plazo

de dos meses producirá efectos de silencio positivo sólo en el supuesto de que

el solicitante reúna las condiciones exigidas para la colegiación.

4.– Lo previsto en los apartados 1, 2 y 3 anteriores no será de aplicación a

los Abogados/as ya incorporados/as a otro Colegio de Abogados; su

incorporación al Colegio de Abogados de Gipuzkoa se regulará conforme a lo

previsto en el Estatuto General de la Abogacía.

5.– Contra el acuerdo de suspensión o de denegación podrá interponerse por el

interesado/a los recursos previstos en el presente Estatuto, sin perjuicio de

poder acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.

6.– La plena incorporación al Colegio de quienes anteriormente no hubieren

estado colegiados/as se producirá una vez efectuada la jura o promesa de

ejercicio de la profesión ante el Decano/a o quien le represente, en la forma

que proceda.

  Artículo 16.– Clases de colegiados/as.

1.– Los colegiados/as podrán ser ejercientes y no ejercientes en los términos

previstos en el Estatuto General de la Abogacía.

Las relaciones de colegiados/as que serán por orden alfabético y con

indicación del número de colegiado/a, los agruparán en dos listas

diferenciadas bajo dichos encabezamientos.

2.– Los colegiados/as no ejercientes no podrán utilizar la denominación de

Abogado/a, salvo en el supuesto contemplado en el artículo 5.2 del presente

Estatuto.

  Artículo 17.– Baja de colegiado/a.

1.– La baja como colegiado/a ejerciente se producirá en los siguientes

supuestos:

a) A propia iniciativa del interesado, cuando deje de ejercer la profesión,

debiendo comunicar previamente y por escrito esta decisión al Colegio.

b) Por no reunir los requisitos de ejercicio, en cuyo caso el colegiado/a lo

notificará en el plazo de un mes al Colegio, sin perjuicio de que haya de

cesar en el ejercicio de sus funciones propias de Abogado/a inmediatamente de

producirse el hecho impeditivo, de conformidad con el régimen establecido en

el artículo 29 del presente Estatuto. A tales efectos se entiende por

requisitos de ejercicio los exigidos para la colegiación, constituyendo hecho

impeditivo, por tanto, que el colegiado/a incurra en causa de incapacidad,

incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la profesión, así como no

disponer de un seguro de responsabilidad civil en los términos establecidos en

el presente Estatuto.

c) Por condena firme en juicio que lleve consigo la pena principal o accesoria

de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

d) Por sanción firme de inhabilitación para el ejercicio de la profesión

acordada en procedimiento disciplinario.

e) Por impago reiterado de las cuotas colegiales.

2.– A los efectos de la letra e) del apartado anterior, se entiende por impago

reiterado de cuotas la falta de abono de dos o más recibos de cuota o

fracciones de cuota, sea ordinaria o extraordinaria, cuando haya sido

requerido su pago al menos en tres ocasiones. Los requerimientos de pago se

harán en forma que deje constancia suficiente y se dirigirán al despacho

profesional o al domicilio particular que consten en el Colegio.

La baja se producirá automáticamente, dándose traslado de esta circunstancia a

la persona afectada, cuando practicado el tercer requerimiento no se produzca

en el plazo de quince días el pago de la cuota requerida y las demás que en su

caso hubieren quedado impagadas.

La Junta de Gobierno podrá eximir o retrasar el pago de las cuotas durante un

período de tiempo y previa solicitud, al colegiado/a en quien concurran

circunstancias singulares que lo hagan razonable.

3.– Quien incurra en las causas de baja como ejerciente previstas en las

letras a), b) del apartado 1, podrá solicitar su mantenimiento como

colegiado/a no ejerciente. Quienes incurran en las demás causas serán

eliminados de las listas de colegiados/as hasta tanto no se produzca su

rehabilitación o el cumplimiento de la sanción, momento en que podrán

solicitar el alta en la condición que deseen.

  Artículo 18.– Reincorporación.

1.– Los colegiados/as a propia iniciativa, cuando hubieren causado baja por

esta causa, y en los demás casos cuando hubiere desaparecido la causa de baja,

podrán solicitar su reincorporación al Colegio como ejercientes.

2.– La reincorporación quedará condicionada a la acreditación de que se reúnen

las condiciones de ejercicio o que han desaparecido las que lo impedían y, en

su caso, al abono de la cuota de reincorporación que se establezca. No

procederá el abono de cuota de reincorporación cuando la baja hubiere sido

motivada por sanción y el interesado solicitare su reincorporación a partir de

la fecha de su vencimiento, así como tampoco cuando la causa fuere de

incompatibilidad o prohibición por el desempeño de funciones públicas de

elección o libre designación que la lleven aparejada.

Cuando la causa de baja fuere el impago de cuotas, la reincorporación quedará

condicionada al abono de las que hubieren resultado impagadas hasta la fecha

de la baja. Si la solicitud de reincorporación se formulare dentro del plazo

de un año desde la fecha de efectividad de la baja, habrá de abonarse

igualmente las cuotas correspondientes a dicho período. Si se solicitare la

reincorporación transcurrido un año desde la fecha de efectividad de la baja,

habrán de abonarse la cuota de reincorporación que proceda más las cuotas

impagadas hasta la fecha de efectividad de la baja.

  Artículo 19.– Abogados/as europeos/as que ejerzan la profesión con título

expedido por el Estado de origen.

1.– Los Abogados/as que ejerzan esporádica o eventualmente su profesión en

Gipuzkoa con un título expedido por otro Estado miembro de la Unión Europea o

de los firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, actuarán en

los términos previstos en el RD 607/1986, de 21 de marzo, modificado por el RD

1062/1988, de 16 de septiembre, de trasposición de la Directiva 77/249/CEE, de

22 de marzo.

2.– El régimen jurídico de los Abogados/as que pretendan ejercer con carácter

permanente con título expedido por otros Estados miembros de la Unión Europea

o firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, será el

establecido en el RD 936/2001, de 3 de agosto, sobre Ejercicio permanente en

España de la profesión de Abogado con título profesional obtenido en otro

Estado miembro de la Unión Europea.

Estos Abogados/as deberán solicitar su inscripción en el Colegio. El Colegio

llevará un Registro específico de dichos Abogados/as bajo la denominación de

«Abogados inscritos» en el que habrán de constar todas las especialidades

requeridas por dicho Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto.

  Artículo 20.– Listas de colegiados/as.

El Secretario del Colegio remitirá al comienzo de cada año las listas de

colegiados/as ejercientes a las siguientes entidades e instituciones:

a) A los Tribunales con sede en Gipuzkoa, al Tribunal Superior de Justicia del

País Vasco, así como a los Centros Penitenciarios y de Detención. Esta lista

se actualizará periódicamente con las altas y bajas.

b) Al Consejo Vasco de la Abogacía.

c) Al Consejo General de la Abogacía.

  Artículo 21.– Intrusismo.

1.– A los efectos de este Estatuto, se entiende por intrusismo el ejercicio en

Gipuzkoa de la profesión de Abogado/a en asuntos ajenos por:

a) Quienes no estando incorporados/as a un Colegio Profesional de Abogados en

condición de ejercientes o estando suspendidos/as o inhabilitados/as para el

ejercicio de la profesión, ejerzan tareas y funciones propias de Abogados/as.

En especial, incurrirán en intrusismo quienes en asuntos en que no sea

exigible la intervención profesional de Abogado/a ni estén habilitados legal o

reglamentariamente para ello, lleven a cabo tareas propias de los Abogados/as,

sean o no licenciados/as en Derecho.

b) Quienes ejerzan tareas propias de Abogados/as siendo incompatibles, o

estando incapacitados/as, o incursos/as en prohibición, o hayan perdido

cualquiera de las condiciones requeridas para el ingreso.

c) Quienes utilicen la denominación de Abogado/a sin serlo conforme a lo

previsto en el presente Estatuto.

d) Quienes, Abogados/as o no, incluyendo a las personas jurídicas, den

cobertura a las prácticas calificadas como intrusismo profesional conforme a

las letras anteriores. En particular los Abogados/as que presten su despacho o

su firma para dar cobertura a prácticas de intrusismo.

2.– No incurrirán en intrusismo a los efectos del presente Estatuto, sin

perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades en que pudieren incurrir:

a) Quienes lleven a cabo actuaciones de defensa o asesoramiento jurídico

propias de Abogados/as, cuando ello venga amparado en norma con rango o valor

de Ley y se ajusten a sus términos estrictos.

b) Quienes intervengan en la defensa de asuntos propios, en los términos

establecidos en el artículo 6.1 de la Ley vasca 18/1997, de 21 de noviembre,

de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

c) Los Licenciados/as en Derecho al servicio de Administraciones públicas o

Entes públicos de Derecho Privados o Sociedades Públicas en relación a las

tareas de defensa en juicio y de asesoramiento interno que presten, cuando

estén vinculados a dicha función mediante relación funcionarial o laboral.

d) Los profesores/as universitarios/as con título de Doctor/a o Licenciado/a

en Derecho no incorporados/as a un Colegio Profesional en condición de

ejercientes, que lleven a cabo tareas de informe o asesoramiento con

cumplimiento estricto de lo establecido en el artículo 83 de la LO 6/2000, de

21 de diciembre, de Universidades y su normativa básica de desarrollo o

autonómica.

3.– El Colegio de Abogados de Gipuzkoa cuidará de evitar y perseguir el

intrusismo profesional ejerciendo cuantas acciones sean necesarias,

instruyendo, en su caso, los oportunos expedientes y adoptando las demás

medidas precisas encaminadas a que las tareas propias de la profesión sean

llevadas a cabo con exclusividad por Abogados/as de conformidad con lo

previsto en el presente Estatuto y las leyes.

  TÍTULO SEGUNDO.-DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

  CAPÍTULO PRIMERO.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ABOGADOS/AS

  Artículo 22.– Principios generales.

1.– El ejercicio de la profesión de Abogado/a requiere el más estricto

cumplimiento de las normas deontológicas que rigen la profesión cuya

infracción será sancionada conforme a lo previsto en el presente Estatuto.

2.– Cuando el Abogado/a pertenezca a Colegio distinto del de Gipuzkoa deberá

actuar, en este Territorio de Gipuzkoa, conforme a las normas deontológicas

previstas en el presente Estatuto, sin perjuicio de dar también cumplimiento a

las propias de su Colegio Profesional y a las establecidas con carácter

general en el ámbito europeo y estatal. Los supuestos de conflicto sobre la

regla aplicable, se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 10.3 del

presente Estatuto.

3.– El Colegio de Abogados de Gipuzkoa prestará todo su apoyo a los

Abogados/as que comuniquen sentirse presionados/as o limitados/as en el

cumplimiento de sus derechos y deberes profesionales y, en particular, en su

libertad e independencia o en el mantenimiento del secreto profesional,

adoptando las medidas necesarias para el cese de los obstáculos a la garantía

efectiva de la función social que ha de satisfacer el ejercicio de la

profesión.

  SECCIÓN PRIMERA.-DERECHOS Y DEBERES DE CARÁCTER GENERAL

  Artículo 23.– Independencia.

1.– La independencia del Abogado/a conlleva libertad de juicio y de ejercicio

exenta de cualquier presión, injerencia o influencia tanto externa como

resultante de los propios intereses. La independencia es un derecho y un deber

del Abogado en los términos garantizados en la Ley y en las normas o códigos

deontológicos.

La independencia del Abogado/a se extiende tanto a sus actuaciones ante los

Tribunales como al ejercicio de sus funciones de asesoramiento y consejo

jurídico.

2.– El Abogado/a deberá preservar su independencia frente a presiones,

exigencias o complacencias que la limiten, sea respecto de los poderes

públicos, económicos o fácticos, los Tribunales, su cliente mismo o incluso

sus propios intereses o los de sus compañeros/as o colaboradores/as.

La independencia del Abogado le permite rechazar las instrucciones o

recomendaciones que, en contra de sus propios criterios profesionales,

pretendan imponerle su cliente, sus compañeros de despacho, los otros

profesionales con los que colabore o cualquier otra persona, entidad o

corriente de opinión, cesando en el asesoramiento o defensa del asunto de que

se trate cuando considere que no puede actuar con total independencia.

  Artículo 24.– Libertad de defensa.

1.– El Abogado/a tiene el derecho y el deber de defender y asesorar libremente

a quienes soliciten sus servicios o le sean asignados conforme a lo

establecido en el Capítulo cuarto del presente Título.

La libertad de defensa implica el derecho a decidir y ejercer con total

autonomía la manera más adecuada de enfocar o defender un asunto según su

mejor y más leal saber y entender técnico-legal sin perjuicio de la

recomendación establecida en el artículo 31.3 del presente Estatuto.

2.– La libertad de defensa y asesoramiento, así como la libertad de expresión

ante los Tribunales garantizada en el art. 437.1 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, han de ejercerse de acuerdo con el principio de buena fe, de forma

responsable conforme a la diligencia profesional necesaria.

  Artículo 25.– Secreto profesional.

1. La confianza y confidencialidad en las relaciones entre cliente y

Abogado/a, ínsita en el derecho de aquél a su integridad y a no declarar en su

contra, así como en derechos fundamentales de terceros, impone al Abogado/a el

deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos

o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su

actuación profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos

como reconoce el artículo 437.2 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.

El deber de guardar el secreto profesional es un deber estricto de modo que

los hechos y circunstancias confiados por el cliente no pueden ser revelados

directa ni indirectamente, aun cuando su contenido carezca de relevancia penal

o no afecte al propio honor del cliente, o no le sea perjudicial en el orden

económico.

El deber de secreto es ilimitado en el tiempo y permanece, incluso, una vez

finalizada la relación con el cliente.

2.– El deber y derecho al secreto profesional del Abogado/a comprende las

confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de los colegas

que intervienen en el asunto y todos los hechos y documentos de que haya

tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de

su actuación profesional. En particular, el secreto se extiende a:

a) Las comunicaciones y negociaciones orales, las notas y la correspondencia

escrita, telegráfica, por telex, fax o cualquier otro procedimiento, las

transcripciones y grabaciones en cualquier soporte y los soportes en sí mismos

considerados.

Las conversaciones mantenidas con los clientes, la parte contraria o sus

Abogados/as, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, no

podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los

intervinientes y en todo caso quedarán amparadas en el secreto profesional.

b) Al derecho del cliente a no aportar a un requerimiento, inspección o

registro, la correspondencia, notas e informaciones que le haya remitido un

Abogado/a siempre que se trate de correspondencia sensible a los efectos de la

defensa.

3.– En las relaciones entre Abogados/as y sin perjuicio de la aplicación de lo

dispuesto en el apartado 2 anterior, se tendrán en consideración, asimismo,

las siguientes reglas:

a) Los Abogados/as han de abstenerse de entregar a sus clientes originales,

copias o grabaciones de las notas, cartas o comunicaciones que intercambien

con los Abogados/as de la otra parte, salvo expresa autorización de éstos/as.

b) Se considera vulneración del secreto profesional aportar en juicio las

notas, cartas o comunicaciones intercambiadas entre Abogados/as y calificadas

como reservadas, aun cuando hayan sido elaboradas por el Abogado/a que las

aporta.

4.– El deber de secreto del Abogado/a se extiende a su persona y a cualquier

otra persona que colabore con él en su actividad profesional.

En caso de ejercicio de la Abogacía en forma colectiva, el deber individual de

guardar secreto se extenderá frente a los demás componentes del colectivo,

siempre que el cliente expresamente lo solicite. De no ser así el deber de

secreto y discreción será también aplicable a los demás miembros del colectivo

que tengan conocimiento de las materias o cuestiones amparadas por el secreto

profesional.

5.– El Abogado/a estará dispensado de guardar secreto profesional:

a) Cuando sea expresamente autorizado por escrito por el cliente o por sus

herederos, siempre que no perjudique intereses de terceros. En este segundo

caso requerirá autorización del Decano/a.

b) Cuando un Reglamento europeo de aplicación directa así lo establezca o

venga establecido en una Ley Orgánica. En cualquier caso y con carácter previo

habrá de darse cuenta al Decano/a del Colegio requiriendo su parecer sobre si

el supuesto es encuadrable en la norma que excepciona el deber de secreto y

solicitando su consejo en los términos de la letra c) siguiente.

c) Con expresa autorización del Decano/a del Colegio, en todos los supuestos

en que la obligada preservación del secreto profesional pudiere causar

perjuicios irreparables o flagrantes injusticias. El Decano/a que deberá

guardar secreto profesional de lo que conozca, aconsejará al Abogado/a con la

finalidad de orientar y, si fuere posible, determinar medios o procedimientos

alternativos de solución del problema planteado ponderando los bienes

jurídicos en conflicto.

El Decano/a, a fin de formar el más adecuado, legal y justo criterio, podrá

evacuar consultas con otros Abogados/as de su confianza que vendrán igualmente

obligados a guardar secreto de lo que conozcan. En ningún caso podrán

realizarse estas consultas en el ámbito de las reuniones de la Junta de

Gobierno.

6.– Los clientes tienen el derecho de comunicar al Colegio de Abogados

cualquier infracción que hayan padecido en su derecho al secreto profesional

y, en consecuencia, a que se abra el oportuno expediente sancionador en el que

podrán intervenir como interesados.

Igualmente, los Abogados/as tienen el derecho y el deber de comunicar al

Colegio cualquier infracción del secreto profesional de que tengan

conocimiento, así como cualquier amenaza o riesgo de sufrir una perturbación

en el mantenimiento del secreto profesional.

  Artículo 26.– Deber de verdad.

1.– El Abogado/a tiene la obligación, mientras esté asumiendo la defensa, de

llevarla a término en su integridad, disponiendo de plena libertad para

utilizar los medios de defensa, siempre que sean legítimos y hayan sido

obtenidos lícitamente, y no tiendan como fin exclusivo a dilatar

injustificadamente los pleitos.

2.– Las afirmaciones en el procedimiento referentes a la existencia o

inexistencia de hechos objetivos de los que el Abogado/a tenga conocimiento

directo por no haberle sido reveladas por su cliente, deberán ser verdaderas.

En cualquier caso, el Abogado/a se abstendrá de utilizar pruebas que le conste

son falsas, o requerir declaraciones confirmatorias sobre hechos cuya falsedad

le conste.

  Artículo 27.– Confianza, lealtad y probidad.

1.– La relación del Abogado/a con su cliente se basa en la confianza mutua y

exige del Abogado/a una conducta profesional íntegra, que sea honrada, leal,

veraz y diligente.

El Abogado/a ha de asumir personalmente la responsabilidad del trabajo sin

perjuicio de las colaboraciones que recabe.

2.– Igualmente el Abogado se abstendrá de llevar a cabo culposamente actos

contrarios a los intereses de su cliente.

  Artículo 28.– Prohibición de actuar en caso de conflicto de intereses y/o de riesgo de vulneración del secreto profesional.

1.– El Abogado/a tiene la obligación de defender con integridad los intereses

de su cliente.

En consecuencia, queda prohibido al Abogado/a el desarrollo de actividades

profesionales que conlleven conflicto de intereses. Esta prohibición es

absoluta y se extiende también a la misma aceptación del encargo cuando

resulte razonable presumir que puede surgir un conflicto de intereses.

2.– A los efectos del presente artículo se tendrán en consideración las

siguientes reglas particulares, sin perjuicio del carácter general de la

prohibición establecida en el apartado 1 anterior que será de aplicación a

todos los demás supuestos:

a) El Abogado/a no puede aceptar la defensa de intereses contrapuestos con

otros que esté defendiendo o con los suyos propios.

La extensión de la idea de intereses propios del Abogado/a alcanza, además de

al propio Abogado/a, a todas las personas, físicas y jurídicas a que se

refiere el artículo 6.1 de la Ley vasca 18/1997, de 21 de noviembre de

Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

b) El Abogado/a no podrá asistir a más de un cliente en un mismo asunto si

existe un conflicto entre los intereses de los clientes o un riesgo razonable

de que surja. No obstante, el Abogado podrá actuar en interés de todas las

partes en la preparación y redacción de documentos de naturaleza contractual,

así como en las causas de separación conyugal y divorcio de mutuo acuerdo y,

en general, cuando se le requiera por todas las partes para la mediación y

logro de un acuerdo, debiendo mantener en cualquier caso una estricta

objetividad.

c) El Abogado/a que se ocupe de los asuntos de un conjunto de clientes

afectados por una misma situación, deberá cesar en su intervención profesional

con todos y cada uno de sus clientes cuando surja un conflicto de intereses

entre ellos, exista riesgo de violación del secreto profesional o pueda estar

afectada su libertad e independencia. No obstante, podrá continuar su trabajo

profesional con uno o con varios de los clientes, siempre que sea autorizado

por los demás.

d) El Abogado/a no podrá aceptar encargos profesionales que impliquen

actuaciones contra un anterior cliente cuando exista riesgo de que el secreto

de las informaciones obtenidas en la relación con el anterior cliente pueda

ser violado o que de ellas pueda resultar beneficio para el nuevo cliente o

cuando el cumplimiento de un encargo anterior limite la independencia del

Abogado/a en el nuevo encargo.

e) El Abogado/a que haya asistido a ambos cónyuges en causas de separación y/o

divorcio deberá abstenerse de aceptar encargos de uno contra otro,

relacionados con dichas causas.

f) La llevanza simultánea de asuntos a un cliente que al tiempo es parte

contraria en otro asunto, se entiende desaconsejable. Estará prohibida siempre

que guarde relación directa o indirecta con el encargo del primer cliente, o

conlleve cualquier riesgo de vulneración del secreto profesional entendiendo

por tal la utilización explícita o implícita de conocimientos a los que sólo

se ha podido acceder en función de su transmisión por el primer cliente; o

conlleve conflicto de intereses.

3.– En el supuesto de que el Abogado/a ejerza la profesión en forma conjunta

con otros en cualquiera de las formas contempladas en los artículos 46 a 49,

será de aplicación al grupo en su conjunto y cada uno de sus miembros las

prohibiciones contenidas en el apartado anterior. En ningún caso dos Abogados

de un mismo grupo podrán encargarse de asuntos entre partes adversas.

Las prohibiciones establecidas en el apartado 2 anterior se extienden, en lo

que resulte de aplicación, a los Abogados/as que se separen de un despacho

colectivo en relación a quienes con anterioridad a la separación hubieren sido

clientes o partes contrarias del despacho.

4.– La Comisión de Deontología, a instancia exclusiva de los Abogados/as,

podrá declarar que no existe conflicto de intereses. Dicha declaración no

tendrá otro efecto que liberar al Abogado/a de las eventuales consecuencias

disciplinarias en que pudiere incurrir por infracción de lo previsto en los

artículos 94.1 d) y 95.1 a) del presente Estatuto

  Artículo 29.– Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones de ejercicio de la profesión.

1.– El ejercicio de la Abogacía es incompatible, con carácter general, con

cualquier actividad que pueda suponer menoscabo de la libertad, la

independencia o la dignidad que le son inherentes.

2.– El régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones para el

ejercicio de la profesión será el establecido con carácter general en el

Estatuto General de la Abogacía aprobado por RD 658/2001, de 22 de junio, sin

perjuicio de las específicas previstas en el presente Estatuto y las demás

establecidas en la legislación general, estatal o autonómica que resulten de

aplicación a los Abogados/as.

3.– En materia de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones se

seguirán las siguientes reglas:

a) Cuando las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones afecten al

ejercicio permanente de la profesión, se notificarán en el plazo de un mes al

Colegio a los efectos de la baja como colegiado/a ejerciente. No obstante, el

Abogado/a deberá cesar en el desarrollo de nuevas actuaciones profesionales

desde el mismo momento en que se produjere la causa.

b) El Abogado/a que esté incurso/a en cualquier causa de incompatibilidad o

prohibición respecto de un concreto asunto o tipo concreto de asuntos deberá

abstenerse de intervenir en los mismos.

c) En los supuestos previstos en las letras a) y b) anteriores cuando la

incompatibilidad o prohibición surgiere una vez iniciada la actuación

profesional, el Abogado/a además de cesar inmediatamente en la misma y

comunicarlo a su cliente, deberá requerir de éste el nombramiento de nuevo

Abogado/a, manteniéndose en el ejercicio de sus funciones por el tiempo

imprescindible para evitar la indefensión.

4.– En los supuestos de ejercicio conjunto de la Abogacía en cualquiera de las

formas previstas en los artículos 46 a 49, las incompatibilidades o

prohibiciones que recaigan sobre uno/a cualquiera de sus miembros o de sus

colaboradores/as Abogados/as se extienden al conjunto de todos ellos.

  Artículo 30.– Aseguramiento de la responsabilidad civil.

1.– Los Abogados/as responden individualmente de la responsabilidad civil en

que pudieren incurrir a consecuencia de su actividad profesional a cuyo efecto

habrán de contratar el seguro correspondiente, sin más excepciones que

aquellos supuestos en que, como la asistencia jurídica gratuita, el seguro

haya de ser concertado por mandato legal por el Colegio.

2.– No obstante lo previsto en el apartado anterior, el Colegio de Abogados de

Gipuzkoa contratará directamente y mantendrá un seguro por riesgos de

responsabilidad civil en que pudieren incurrir sus colegiados/as

individualmente y de extensión a todos/as los colegiados/as sin perjuicio de

repercutir sus costes sobre los mismos.

3.– Los colegiados/as podrán solicitar su exclusión individual del seguro

concertado por el Colegio lo que procederá siempre que acrediten tener

cubiertos con otro seguro los riesgos de responsabilidad civil en condiciones

similares de cuantía garantizada y otras, a las previstas para cada

colegiado/a en el seguro contratado por el Colegio que, en todo caso, velará

por el cumplimiento por dichos colegiados/as del deber legal de aseguramiento

de su responsabilidad civil en las condiciones mínimas señaladas.

El Colegio podrá requerirles la exhibición del documento contractual y del

abono correspondiente, así como copia de dichos documentos para su archivo y

constancia. Si se comprobare el incumplimiento del deber de aseguramiento, la

Junta de Gobierno les suspenderá automáticamente en el ejercicio de la

profesión sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente

disciplinario.

  SECCIÓN SEGUNDA.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS COLEGIADOS/AS EN RELACIÓN CON LOS CLIENTES, LA PARTE CONTRARIA, LOS COLEGAS, EL COLEGIO Y LOS TRIBUNALES

A) En relación con los clientes.

  Artículo 31.– Libertad del Abogado para aceptar asuntos y clientes.

1.– El Abogado/a es libre para aceptar o rechazar clientes y asuntos sin

perjuicio del régimen específico de los turnos de oficio y de asistencia

jurídica gratuita que se regirán por su normativa propia y sin perjuicio

también de lo previsto en el artículo 28 del presente Estatuto.

El desistimiento en la dirección de un asunto se ajustará a lo establecido en

el artículo 35.º del presente Estatuto.

2.– El Abogado/a no podrá encargarse de un asunto más que por mandato del

cliente, encargo de otro Abogado/a que esté interviniendo en el asunto siempre

que sea con conocimiento y aceptación del cliente, o por designación por los

turnos de oficio o de asistencia jurídica gratuita.

Cuando el encargo sea conferido por un tercero que pretenda tutelar intereses

del nuevo cliente conjuntamente con los suyos propios, el encargo sólo podrá

ser aceptado con el consentimiento del nuevo cliente.

3.– El Abogado/a se abstendrá de aceptar o proseguir un asunto cuando por su

especialidad o complejidad deba entender que no está capacitado/a. Igualmente

deberá abstenerse cuando no pueda desarrollar su trabajo con la diligencia

precisa en función del número de asuntos que tenga anteriormente encomendados.

No obstante, el Abogado/a que se encuentre en las circunstancias anteriores

podrá solicitar la colaboración de un colega para llevar a cabo el encargo

profesional.

4.– La aceptación de un encargo profesional para el asesoramiento o defensa en

un asunto conlleva la presunción de la capacidad profesional del Abogado/a

para realizar la tarea con la competencia, la independencia intelectual y

moral y la diligencia debidas.

  Artículo 32.– Formación Permanente y Diligencia Profesional.

1.-El Abogado/a tiene el deber personal de formación permanente actualizando

sus conocimientos a los cambios normativos y a la evolución de la

jurisprudencia y la doctrina científica. El Abogado/a cuidará con especial

rigor el cumplimiento de este deber en la materia o materias jurídicas que

aparezcan individualizadas en su publicidad o en cualquier otro soporte

informativo incluidas las placas de identificación de su despacho profesional.

2.– El Abogado/a realizará con el máximo celo y diligencia el asesoramiento y

la defensa del asunto encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas,

deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica del asunto pudiendo

auxiliarse de sus colaboradores/as y otros compañeros/as, quienes actuarán

bajo la responsabilidad de quien tiene encomendado el asunto.

Las responsabilidades civiles, penales y deontológicas corresponderán, en todo

caso, al Abogado/a que hubiere aceptado el encargo del cliente.

  Artículo 33.– Información al cliente.

1.– El Abogado/a debe informar al cliente en el momento del encargo o en

fechas próximas y en la manera más clara posible de las peculiaridades e

importancia del asunto o actividad a desarrollar, incluso por escrito si así

se le solicitare. En particular cuidará de informarle de los siguientes

aspectos:

a) Limitaciones del derecho de defensa.

b) Su opinión sobre las posibilidades de sus pretensiones y resultado

previsible del asunto.

c) Si por sus circunstancias personales y económicas tiene la posibilidad de

solicitar y obtener los beneficios de la asistencia jurídica gratuita.

d) Todas aquellas situaciones que aparentemente pudieran afectar a su

independencia, como relaciones familiares, de amistad, económicas o

financieras con la parte contraria o sus representantes. De existir conflicto

de intereses o riesgo de que surja, deberá renunciar inmediatamente al

encargo.

e) Todo dato o hecho que le conste en relación al asunto siempre que no

conlleve vulneración del secreto profesional y que pueda incidir en el

resultado.

f) Las iniciativas e hipótesis a desarrollar y consecuencias posibles de las

mismas, incluida la eventual condena en costas propia del pleito de que se

trate o cualquier otra consecuencia gravosa o perjudicial

g) La posibilidad de solicitar la colaboración de un colega o de otro

profesional cuando las características o complejidad del asunto lo requiera.

h) Los documentos que han de serle entregados y actos que han de ser llevados

a cabo necesariamente para evitar la prescripción o caducidad o de cualquier

otra actividad prejudicial.

i) Los honorarios previsibles o las bases para su determinación en función de

la complejidad, interés económico del asunto, trámites a cumplir y demás

circunstancias que hayan de ser tenidas en consideración, así como la forma y

plazos para satisfacerlos.

j) La evolución del asunto encomendado, resoluciones transcendentes, recursos

contra las mismas; posibilidades de transacción, conveniencia de acuerdos

extrajudiciales o soluciones alternativas al litigio.

2.– El Abogado/a mantendrá a su cliente puntualmente informado de todo cuanto

legítimamente conozca en el ejercicio del encargo. Igualmente mantendrá

informado al cliente sobre la evolución de su encargo cuando aquél lo

requiera.

3.– El Abogado/a designado por el turno de oficio informará a su cliente sobre

su diferencia con la asistencia jurídica gratuita, así como sobre las

posibilidades de percepción de honorarios fuera de los casos previstos en la

misma.

  Artículo 34.– Fondos y cantidades del cliente.

1.– El Abogado/a no podrá tener en su poder otros fondos del cliente que los

de provisiones para suplidos, salvo autorización escrita de dicho cliente que

será revocable en cualquier momento.

2.– Si el Abogado/a percibiere alguna cantidad a favor del cliente por razón

del asunto de que se trate, no la podrá retener más tiempo que el

estrictamente necesario.

3.– Cuando el Abogado/a esté en posesión de dinero o valores de clientes o de

terceros, estará obligado a tenerlos depositados en una o varias cuentas

específicas abiertas en un banco o entidad de crédito, con disposición

inmediata. Estos depósitos no podrán ser concertados ni confundidos con ningún

otro deposito del Abogado/a, del Bufete, del cliente o de terceros.

4.– Salvo disposición legal, mandato judicial o consentimiento expreso del

cliente o del tercero por cuenta de quien se haga queda prohibido cualquier

pago efectuado con dichos fondos. Esta prohibición comprende incluso la

detracción por el Abogado/a de sus propios honorarios, salvo autorización para

hacerlo recogida en la hoja de encargo o escrito posterior del cliente y,

naturalmente, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan solicitarse u

obtenerse de los Tribunales de Justicia.

5.– El Abogado/a que posea fondos ajenos en el marco de una actividad

profesional ejercida en otro Estado Miembro de la U.E. deberá observar las

normas sobre depósito y contabilización de los fondos ajenos en vigor en el

Colegio a que pertenezca en el Estado Miembro de origen.

6.– Los Abogados/as tienen la obligación de comprobar la identidad exacta de

quien les entregue los fondos.

7.– Cuando el Abogado/a reciba fondos ajenos con finalidades de mandato,

gestión o actuación diferente a la estrictamente profesional, quedará sometido

a la normativa general sobre tal clase de actuación.

  Artículo 35.– Renuncia del Abogado/a.

1.– El Abogado/a tiene el derecho a renunciar al encargo anteriormente

aceptado siempre que no se produzca indefensión para el cliente.

Sin perjuicio de ello, el Abogado/a tiene el deber de renunciar al encargo

siempre que exista riesgo de vulneración del secreto profesional, o surja

conflicto de intereses, o aparezcan causas sobrevenidas de incapacidad,

incompatibilidad o prohibición y, en general, siempre que exista un riesgo de

incumplimiento de normas deontológicas.

El Abogado nombrado de Oficio, sin que el justiciable hubiera obtenido la

concesión de asistencia jurídica gratuita, podrá renunciar por falta de pago

de la provisión de fondos que en su caso, pueda solicitar.

2.– El Abogado/a que renuncie a la dirección o asesoramiento en un asunto que

hubiere iniciado deberá:

a) Notificarlo por escrito a su cliente a los efectos de que designe nuevo

Abogado/a, pudiendo establecer un plazo razonable al efecto.

b) En tanto el cliente no designe nuevo Abogado/a, gestionar diligentemente el

asunto a fin de evitar la indefensión y pérdida de derechos.

c) Poner a disposición del cliente y, en su caso, del nuevo Abogado/a toda la

documentación de que disponga así como los escritos planteados en su defensa,

prestándoles información completa sobre la situación del encargo y las

actuaciones más inmediatas a llevar a cabo.

3.– En los supuestos de prohibición o incompatibilidad para proseguir con el

encargo, cuando producida la notificación y transcurrido un plazo razonable el

cliente no designare otro Abogado/a, o no fuere posible entrar en contacto con

él, el Abogado/a quedará liberado de responsabilidad después de notificar

motivadamente su renuncia al Colegio, así como al Tribunal y al Procurador/a

en el caso de que existiera un pleito pendiente.

4.– Queda prohibida en todo caso la retención de información o documentos a

los efectos de cobrar las cuantías adeudadas por el cliente.

  Artículo 36.– Resolución del encargo por el cliente.

1.– El cliente podrá resolver en cualquier momento la relación de servicio con

el Abogado/a designando uno/a nuevo/a, sin que el ejercicio de este derecho

pueda someterse a condición alguna y, por tanto, tampoco a la previa

satisfacción de los honorarios del Abogado/a.

2.– En los supuestos de cambio de Abogado/a se seguirán las siguientes reglas:

a) El nuevo Abogado/a lo notificará por escrito al anterior Abogado/a. La

recepción de la notificación será suficiente para que el nuevo Abogado/a pueda

iniciar sus actuaciones quedando liberado el primero de cualquier

responsabilidad por las actuaciones profesionales efectuadas a partir de dicho

momento.

b) El Abogado/a anterior habrá de poner a disposición del nuevo toda la

documentación de que disponga así como los escritos planteados en defensa de

su cliente, informando al nuevo Abogado/a de todas las actuaciones llevadas a

cabo. Será de aplicación a este supuesto la prohibición establecida en el

artículo 35.4.

3.– El Abogado/a sustituído/a tendrá derecho a reclamar los honorarios que

correspondan a su intervención profesional y el sustituto/a tendrá el deber de

colaborar diligentemente en la gestión de su pago.

En el supuesto de que existiere controversia sobre la deuda o negativa al pago

y no se llegare a un acuerdo, el nuevo Abogado/a se mantendrá al margen de la

controversia, tanto si se dirime en vía arbitral como en vía judicial.

  Artículo 37.– Honorarios profesionales.

1.– El Abogado/a tiene derecho a una remuneración económica adecuada por los

servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan

causado.

La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el

Abogado/a, con respeto a las normas deontológicas y sobre defensa de la

competencia y competencia desleal.

A falta de pacto expreso en contrario, para la fijación de los honorarios se

podrán tener en cuenta, como referencia, las Normas orientadoras vigentes en

Gipuzkoa, aplicadas conforme a las reglas, usos y costumbres del Colegio,

normas que tendrán carácter supletorio de lo convenido, sin perjuicio del

régimen específico de la condena en costas.

2.– En la determinación de los honorarios se tendrá en cuenta, como base, el

trabajo profesional realizado y se establecerán valorando criterios tales como

la cuantía económica del asunto, la utilidad que la intervención profesional

del Abogado/a tenga para el cliente, la complejidad de las cuestiones

debatidas o sometidas a consideración, la dedicación y el tiempo empleado, el

grado de especialización requerido o determinante de la elección del

Abogado/a, la evitación de posteriores actuaciones judiciales o

administrativas.

3.– La remuneración podrá asumir la forma de retribución fija, periódica o por

horas. Respecto a las costas recobradas de terceros se estará a lo que

libremente acuerden las partes, que a falta de pacto expreso habrán de ser

satisfechas efectivamente al Abogado/a.

La determinación del criterio de remuneración en base al tiempo empleado

cuando sea el criterio único o principal, sólo podrá establecerse con la

conformidad del cliente, fijándose en el acuerdo el precio que el Abogado/a

tenga establecido por fracción cronológica, y, en su caso y cuando ello sea

posible, el tiempo previsto inicialmente para realizar el trabajo encomendado.

4.– Se prohibe en todo caso el pacto de cuota litis en sentido estricto,

entendiéndose por tal el acuerdo entre el Abogado/a y su cliente, previo a la

terminación del asunto, en virtud del cual éste se compromete a pagarle

únicamente un porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que

consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que

consiga el cliente por el asunto.

5.– La impugnación habitual y temeraria por los Abogados/as frente a las

minutas de sus colegas dará lugar a responsabilidad disciplinaria, así como

también incurrirán en dicha responsabilidad los Abogados cuyos honorarios sean

declarados reiteradamente excesivos o indebidos.

  Artículo 38.– Presupuesto y liquidación.– «Nota de encargo».

1.– El Abogado/a con carácter previo a la aceptación del encargo deberá

informar al cliente sobre los honorarios correspondientes a su actuación

profesional y los criterios que pretenda utilizar para determinar su

remuneración.

2.– Se entiende recomendable en todo caso la entrega al cliente de un

presupuesto por la intervención profesional del Abogado/a, a través de una

«Nota de encargo» que venga firmada también por el cliente.

La entrega de la «Nota de encargo» será preceptiva: a) cuando así lo requiera

el cliente; b) cuando por aplicación de los criterios establecidos en el art.

37.2.º de este Estatuto sea previsible un precio superior al determinado en

las Normas orientativas sobre honorarios.

3.– En la «Nota de encargo» se hará constar:

a) El objeto del encargo.

b) Las actuaciones concretas que expresamente quedan incluidas a las que, por

tanto, es de aplicación. Se estima conveniente que también se haga referencia,

en su caso, a aquellas que como los recursos, informes periciales y otras no

formen parte del presupuesto.

c) El precio por el trabajo profesional con indicación de los criterios que se

tienen en consideración y, en su caso, su repercusión en el precio. Cuando por

las características del asunto se estime que no es posible su determinación en

cuantía exacta, se dejará constancia de esta circunstancia, indicándose en

todo caso las bases que servirán para su determinación.

d) Las cantidades que se requerirán por suplidos o por otras circunstancias y

que no se incluyen en el precio en el sentido de la letra c) anterior.

e) Los momentos en que proceda el abono de cantidades.

f) En su caso, sumisión a arbitraje cuando surjan discrepancias.

4.– Para la percepción de honorarios, el Abogado/a habrá de expedir una minuta

o factura que incluirá con el debido detalle todos los elementos relevantes

para su determinación.

B) Relaciones con la parte contraria

  Artículo 39.– Relaciones con la parte contraria.

1.– El Abogado/a deberá abstenerse de toda relación y comunicación con la

parte contraria cuando le conste que está representada y asistida por otro

Abogado/a, manteniendo siempre con éste/a la relación derivada del asunto, a

menos que el colega autorice expresamente el contacto con su cliente.

2.– Cuando la parte contraria no disponga de Abogado/a se tendrá el máximo

cuidado en los tratos y propuestas que se le hagan. En todo caso se le

recomendará que designe con la mayor prontitud Abogado/a que le asesore.

C) Relaciones con el Colegio

  Artículo 40.– Derecho a la constitución de agrupaciones.

1.– Los Abogados/as pertenecientes al Colegio de Abogados de Gipuzkoa podrán

constituir en su seno Agrupaciones para la defensa de sus intereses

específicos, la promoción de la Justicia, y los demás vinculados al objeto de

la Profesión.

2.– Las Agrupaciones depositarán sus Estatutos en el Registro del Colegio; que

deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno, momento en el que quedarán

válidamente constituidas. Igualmente deberá ser aprobada por la Junta de

Gobierno cualquier propuesta de modificación de los Estatutos de los mismos.

En todo caso su constitución requerirá un número mínimo de 25 colegiados/as,

que habrá de acreditarse en el momento de presentación de los Estatutos;

número mínimo exigible en todo momento hasta su suspensión o disolución.

3.– Las Agrupaciones deberán identificar como propias todas sus actuaciones y

comunicaciones, de manera que no sean atribuibles al Colegio, y que en todo

caso, deberán ser previamente autorizadas por la Junta de Gobierno.

4.– El Colegio procurará especialmente el apoyo a la Agrupación de Abogados/as

jóvenes y a sus actividades profesionales y formativas en beneficio de este

colectivo.

5.-Las Agrupaciones de Abogados que estén constituidas o se constituyan en el

Colegio actuarán subordinadas a la Junta de Gobierno.

  Artículo 41.– Derechos de los colegiados/as en relación a la organización colegial.

Los Abogados/as miembros del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, disponen de los

siguientes derechos:

a) A recabar el amparo del Colegio cuando consideren lesionados sus derechos

profesionales y sus intereses o los de los demás colegas con ocasión o como

consecuencia de su ejercicio profesional, poniendo los hechos en conocimiento

del Colegio. Este derecho asiste también a los Abogados/as incorporados/as a

otros Colegios cuando intervengan profesionalmente en Gipuzkoa.

b) A intervenir en los asuntos colegiales formulando propuestas y sugerencias.

c) A ser elector/a y elegible para los cargos directivos siempre que reúnan

las condiciones requeridas.

d) A ser convocados/as a las Asambleas Generales, ordinarias y

extraordinarias, y participar en sus deliberaciones y votaciones.

e) A participar en el uso y disfrute de los bienes y servicios del Colegio,

respetando las normas que regulen su uso y funcionamiento.

f) A obtener información de las actividades que organice el Colegio y, en

particular, de todas las referidas a la formación permanente.

g) A ser informados/as y oídos/as en los procedimientos disciplinarios que se

les incoen.

h) A recurrir frente a las decisiones colegiales en que tengan la condición de

interesados/as.

i) A notificar al Colegio el medio (correo, fax, telemático…) a través del

cual expresen su preferencia para recibir notificaciones o comunicaciones y a

que el Colegio actúe conforme a lo solicitado. En el caso de no hacerse la

opción, las notificaciones o comunicaciones que practique el Colegio se harán

por correo. En el supuesto de despachos colectivos, será suficiente la

notificación o comunicación practicada a su Presidente o Coordinador siendo

responsabilidad de éste extender la notificación o comunicación a los demás

miembros del despacho. Cuando no sea posible la notificación conforme a lo

previsto en el presente apartado, será suficiente la publicidad practicada en

el tablón de anuncios del Colegio y, en su caso, en el Boletín Oficial de

Gipuzkoa.

j) A los demás derechos que el presente Estatuto les reconoce o confiere como

miembros del Colegio.

  Artículo 42.– Deberes de los colegiados/as en relación a la organización colegial.

Los Abogados/as incorporados/as al Colegio de Abogados de Gipuzkoa tienen los

siguientes deberes:

a) Cumplir lo previsto en el presente Estatuto y demás normas de aplicación

general a los Abogados/as.

b) Mantener despacho abierto dentro del Territorio de Gipuzkoa conforme a lo

previsto en el presente Estatuto. Este deber sólo será exigible a los Abogados

Colegiados Ejercientes.

c) Denunciar ante el Colegio cualquier atentado contra la libertad,

independencia o dignidad de un Abogado/a en el ejercicio de sus funciones, o

en cualquier otro supuesto en que resulte razonable la intervención del

Colegio particularmente cuando exista amenaza o riesgo para el mantenimiento

del secreto profesional.

d) Denunciar ante el Colegio los actos de intrusismo profesional y los

supuestos de ejercicio ilegal por hallarse el denunciado incurso en

suspensión, inhabilitación, incapacidad, incompatibilidad o prohibición para

el ejercicio de la profesión en toda su extensión o en algún asunto o tipo de

asuntos; así como los supuestos de ejercicio irregular por constituir actos

contrarios a la legislación sobre defensa de la competencia, de competencia

desleal u otras de análogo contenido.

e) Estar al corriente en el pago de las cuotas, ordinarias y extraordinarias,

y de las demás cargas colegiales cualquiera que sea su naturaleza, en la forma

y plazos al efecto establecidos.

f) Notificar al Colegio su régimen de ejercicio conforme a lo previsto en el

Capítulo segundo del presente Título y los cambios que se produzcan.

g) Comunicar al Colegio puntualmente los cambios de datos relativos a la ficha

colegial tales como domicilio profesional, teléfono, fax, e-mail, etc. y, en

general, los demás que tengan relevancia sobre su situación profesional, tales

como ausencias superiores a un mes o supuestos de enfermedad o invalidez por

igual tiempo, sin proveer al cuidado de sus asuntos.

h) Facilitar al Colegio los datos que sean solicitados para la elaboración de

informes o estudios de carácter estadístico.

i) Comunicar la incoación de un expediente disciplinario por otro Colegio de

Abogados, sin perjuicio de manifestar lo demás que proceda.

j) Los demás que les reconoce el presente Estatuto como miembros del Colegio o

puedan acordar los órganos colegiales en el ejercicio de sus funciones.

D) En relación con los Tribunales

  Artículo 43.– Derechos y deberes en relación con los Tribunales.

Los Abogados/as disponen en relación a los Tribunales, de los derechos y

deberes que les reconocen las leyes, el Estatuto General de la Abogacía y

demás normas de general aplicación.

E) En relación con los colegas

  Artículo 44.– Relaciones entre compañeros/as de profesión.

Los Abogados/as deben mantener entre sí recíproca lealtad, respeto mutuo y

relaciones de compañerismo.

En sus relaciones mutuas asumirán el código de conducta que resulte de las

normas deontológicas acordadas en el ámbito de la Unión Europea para

actuaciones extrafronterizas o por los órganos generales de la Abogacía en los

demás casos.

  CAPÍTULO SEGUNDO.-DE LAS FORMAS DE EJERCICIO CON DESPACHO PROFESIONAL EN GIPUZKOA

  Artículo 45.– Libertad de opción por la forma de ejercicio.

1.– Los colegiados/as, como profesionales libres, tienen plena libertad de

opción por la forma de ejercicio que estimen más conveniente a sus intereses

personales y profesionales.

En consecuencia, los Abogados/as pueden ejercer la profesión individualmente,

o agrupados/as o asociados/as con otros/as incluso con profesionales de otras

disciplinas o campos de actividad que no sean incompatibles con la Abogacía.

Así mismo podrán ejercer la profesión por cuenta propia y en despacho de su

titularidad, o por cuenta ajena bajo cualquier fórmula contractual lícita en

Derecho, incluido el régimen de derecho laboral.

2.– Las distintas formas de ejercicio profesional se regularán conforme a lo

previsto en el presente Capítulo.

  Artículo 46.– Ejercicio individual.

1.– El ejercicio individual de la Abogacía podrá desarrollarse por cuenta

propia, como titular de un despacho, o por cuenta ajena como colaborador/a con

un despacho individual o multidisciplinar, o en régimen de Derecho laboral o

al servicio de una persona jurídica cuyo objeto social sea ajeno a la

prestación de servicios jurídicos reservados a los Abogados/as.

2.– No se perderá la condición de Abogado/a que ejerce como titular de su

propio despacho individual cuando:

a) El Abogado/a tenga en su bufete colaboradores/as, con o sin relación

laboral con los mismos.

b) El Abogado/a comparta su bufete con su cónyuge o persona con quien conviva

con relación similar de afectividad, ascendientes, descendientes o parientes

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, a no ser que opten por la

constitución de un despacho colectivo en cuyo caso será de aplicación el

régimen propio de estos.

c) El Abogado/a concierte acuerdos de colaboración para determinados asuntos o

clases de asuntos con otros Abogados/as o despachos colectivos, nacionales o

extranjeros, cualquiera que sea su forma.

d) El Abogado/a comparta los locales, instalaciones, servicios u otros medios

con otros Abogados/as, pero manteniendo la independencia de sus bufetes, sin

identificación conjunta de los mismos ante la clientela.

e) El Abogado/a constituya una sociedad unipersonal para el ejercicio de la

profesión.

3.– El ejercicio de la Abogacía por cuenta ajena en régimen especial de

colaboración o de derecho laboral habrá de pactarse expresamente por escrito,

fijando las condiciones, duración, alcance y régimen económico.

Cuando se ejerza la Abogacía por cuenta ajena bajo régimen de derecho laboral,

habrá de respetarse la libertad e independencia básicas para el ejercicio de

la profesión y el contrato deberá expresar si dicho ejercicio se lleva a cabo

o no en régimen de exclusividad.

El Colegio podrá exigir la presentación de los contratos de colaboración y de

trabajo a fin de verificar que se ajustan a lo establecido en este apartado y

en el artículo siguiente.

  Artículo 47.– El ejercicio individual en régimen de colaboración o de derecho laboral con el titular de un despacho individual de Abogado/a.

1.– El ejercicio individual de la Abogacía conjuntamente con Abogados/as en

régimen especial de colaboración o de derecho laboral quedará sometido a las

siguientes reglas:

a) El Abogado/a titular del despacho responderá frente a sus clientes de las

gestiones o actuaciones que efectúen los demás Abogados/as, sin perjuicio de

la facultad de repetir frente a los mismos si procediere.

b) La intervención profesional de los Abogados/as diferentes del titular y, en

todo caso, la firma de escritos deberá contar con el previo consentimiento del

cliente, así como habrá de ser autorizada por el cliente su presencia en las

reuniones que celebre con el Abogado/a titular.

c) Los honorarios a cargo del cliente se devengarán a favor del titular del

despacho aun cuando las actuaciones hubieren sido realizadas por alguno o

algunos de los Abogados/as por cuenta ajena. Cuando en los pactos suscritos la

remuneración de estos Abogados/as consistiere en porcentaje sobre honorarios

en asuntos en que hubieren intervenido, el Abogado/a titular responderá de su

pago aun cuando el cliente no los hubiere abonado, salvo pacto escrito en

contrario.

d) Los Abogados/as por cuenta ajena estarán sujetos a las normas deontológicas

establecidas en el presente Estatuto y demás que resulten de aplicación y en

especial al deber de secreto profesional, y asumirán su propia responsabilidad

disciplinaria.

2.– Lo establecido en las letras a) y b) del apartado anterior no será de

aplicación en el supuesto de que el cliente designe como su Abogado/a a

persona distinta del titular del despacho. La aceptación del encargo y la

intervención profesional se regulará en este caso conforme a lo establecido

con carácter general, incluido el régimen de responsabilidades civiles en que

hubiere podido incurrir.

3.– En la publicidad, información y letreros indicativos de este tipo de

despachos no se podrán utilizar denominaciones o signos identificativos que se

presten a confusión sobre el carácter individual del despacho.

  Artículo 48.– Despachos colectivos.

1.– Los Abogados/as podrán ejercer la Abogacía colectivamente, mediante su

agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las

sociedades mercantiles.

Los despachos colectivos podrán contratar a otros Abogados/as en régimen de

colaboración especial o de derecho laboral.

2.– La agrupación habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio de las

tareas de consulta, asesoramiento, gestión, defensa de intereses ajenos y

demás actividades profesionales propias de los Abogados/as, así como la

gestión de su propio patrimonio.

No obstante, los despachos colectivos podrán participar como socios en

cualesquiera agrupaciones y/o sociedades de servicios profesionales cuyos

miembros o socios, objeto social y actividades no sean incompatibles con el

ejercicio de la profesión de Abogado/a.

3.– En principio, tanto el capital como los derechos políticos y económicos

habrán de estar atribuidos únicamente a los Abogados que formen parte del

despacho como socios y/o, en su caso, a otros despachos colectivos de Abogados

o multidisciplinares.

No obstante, cuando la complejidad o las necesidades del trabajo profesional

lo hagan razonable, podrán formar parte como socios, profesionales de otras

titulaciones que no sean incompatibles con el ejercicio de la Abogacía.

Asimismo, los empleados del despacho podrán ser titulares de parte del

capital. En todo caso, la mayoría del capital social habrá de corresponder a

las personas físicas y jurídicas a que se hace mención en el párrafo primero

de este apartado.

4.– La forma de agrupación deberá permitir en todo momento la identificación

de sus integrantes, habrá de constituirse por escrito e inscribirse en un

Registro Especial del Colegio, sin que pueda invocarse la condición de

despacho colectivo hasta que quede inscrito. En dicho Registro se inscribirán

su composición y las altas y bajas que se produzcan. Los Abogados/as que

formen parte de un despacho colectivo estarán obligados personalmente a

solicitar las inscripciones correspondientes.

5.– En la organización y funcionamiento de los despachos colectivos habrán de

observarse las siguientes reglas:

a) Los Abogados/as socios/as de un despacho colectivo tendrán plena libertad

para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como

plena independencia para dirigir la defensa de los intereses que tengan

encomendados.

b) La sustitución del Abogado/a que dirija cada asunto quedará condicionada a

la aceptación del cliente, sin perjuicio de las sustituciones que tengan su

causa en enfermedad, vacaciones o motivos temporales similares.

c) Los Abogados/as podrán celebrar reuniones en que se debatan asuntos

profesionales propios del despacho o realizar consultas con otros miembros del

despacho. En todo caso, el secreto profesional se extenderá a todos los

Abogados/as miembros del despacho colectivo en relación a todos los clientes y

asuntos.

d) Sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiere tener el despacho

colectivo conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de

agrupación utilizada o a los pactos internos entre sus integrantes, la

responsabilidad civil frente al cliente derivada del ejercicio profesional se

extenderá con carácter personal, solidario e ilimitado a todos los Abogados/as

que hayan intervenido en el asunto.

e) En cuanto a incompatibilidades y prohibiciones se estará a lo dispuesto en

los artículos 28.3 y 29.4.

f) La facturación será emitida por el despacho colectivo en cuanto tal y los

honorarios se ingresarán a favor del despacho, sin perjuicio del régimen de

distribución que establezcan las normas internas del despacho.

g) En relación a los colaboradores/as no socios/as y Abogados/as en régimen de

derecho laboral se estará a lo dispuesto en las letras a) y b) del art. 47.1.

h) La separación o disolución del despacho se llevará a cabo conforme a lo

establecido en sus reglas internas. El arbitraje colegial solo será posible

cuando así lo hayan previsto sus normas internas o se sometan expresamente a

tal efecto.

i) La responsabilidad disciplinaria se apreciará únicamente respecto de

quienes hubieren incurrido en la infracción.

  Artículo 49.– Agrupaciones pluridisciplinares.

1.– Los Abogados/as podrán agruparse, asociarse o vincularse contractualmente

con otros profesionales o sociedades de profesionales para la prestación de

servicios profesionales pluridisciplinares que incluyan los de defensa y

asesoramiento jurídico.

La agrupación o asociación podrá llevarse a cabo en cualquiera de las formas

lícitas en Derecho, incluidas las sociedades mercantiles y las agrupaciones de

interés económico.

2.– Los Abogados/as y los despachos colectivos no pondrán asociarse o

agruparse con profesionales incompatibles con el ejercicio de la Abogacía. Así

mismo habrán de cumplirse las siguientes condiciones:

a) Las establecidas a estos efectos en el Estatuto General de la Abogacía.

b) La actividad a desempeñar conforme al objeto de la agrupación no podrá

afectar al correcto ejercicio de la Abogacía, ni implicar ninguna merma de la

libertad e independencia del Abogado/a.

c) Los Abogados/as, en garantía de la independencia necesaria en el ejercicio

de la profesión, tendrán plena libertad en su actuación profesional así como

para aceptar o rechazar su intervención en relación a cualquier cliente o

asunto.

d) Los Abogados/as cuidarán con especial celo no compartir con los demás

profesionales más que en la medida de lo que sea estrictamente necesario, las

comunicaciones sensibles al secreto profesional hechas por los clientes, en

garantía del derecho de éste al secreto profesional propio y específico de los

Abogados/as. El Abogado/a responderá disciplinariamente de las violaciones del

secreto profesional propio de la Abogacía cometidas por los demás

profesionales con los que esté agrupado.

e) Los Abogados/as no podrán llevar a cabo la defensa de intereses

contrapuestos entre clientes ni, en general, podrán actuar profesionalmente en

los supuestos previstos en el artículo 28.º. A tal efecto, se considerará

antiguo cliente a la persona física o jurídica a cuyo favor hubiere informado,

peritado o testificado cualquier otro profesional no Abogado/a incluido en el

ámbito de la agrupación. En los supuestos de agrupaciones de interés económico

sólo se consideran antiguos clientes, además de los propios del despacho

profesional, a aquellos a quienes se les hubiere prestado servicios jurídicos

como clientes de la agrupación.

3.– Los miembros Abogados/as deberán separarse o, en su caso, instar la

resolución del pacto cuando cualquiera de sus integrantes incumpla las normas

sobre incompatibilidades, prohibiciones o deontología propias de la Abogacía.

4.– El Abogado/a y los despachos colectivos que lleven a cabo actividades

profesionales bajo el régimen previsto en el presente precepto lo notificarán

al Colegio, con indicación de los datos que establezca la Junta de Gobierno

que creará un Registro Especial a estos efectos.

  CAPÍTULO TERCERO.-DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA

  Artículo 50.– Disposición General.

1.– De conformidad con la legislación de Colegios Profesionales, la Abogacía

es una profesión que se ejerce en régimen de competencia de conformidad con

las normas que la regulan.

2.– Los colegiados/as denunciarán ante el Colegio las prácticas

anticompetitivas o de competencia desleal de que tengan conocimiento y el

Colegio ejercerá, en su caso, las acciones que procedan ante los órganos

administrativos competentes y los Tribunales.

3.– La responsabilidad penal, civil o administrativa en que puedan incurrir

los Abogados/as o los despachos colectivos o multidisciplinares por infracción

de la legislación sobre competencia, no exime de su responsabilidad

disciplinaria cuando dichas infracciones conlleven también infracción de

normas deontológicas y demás deberes de los Abogados/as que se tramitará y

resolverá conforme a lo dispuesto en el Título Tercero.

  Artículo 51.– Derecho a informar y hacer publicidad.

1.– Los Abogados/as así como los despachos colectivos y multidisciplinares,

tienen el derecho a informar sobre la actividad que llevan a cabo y podrán

hacer publicidad de las mismas en los términos y condiciones previstos en las

leyes y en sus normas de desarrollo.

2.– Igualmente quedan prohibidas las acciones de información y la publicidad

que resulten contrarias a las normas deontológicas de la Abogacía y en

particular las expresamente contempladas en el artículo 25.2 del Estatuto

General de la Abogacía.

3.– La publicidad que lleven a cabo los Abogados/as y los despachos colectivos

no estará sujeta a previa autorización colegial en ningún caso, sin perjuicio

de las responsabilidades, incluida la disciplinaria, en que pudieren incurrir.

Sin perjuicio de ello, podrá formularse consulta al Colegio sobre la

corrección de la práctica de publicidad que pretenda llevarse a cabo. La

consulta se referirá a actos concretos de publicidad y se formalizará mediante

escrito expresando el contenido y el soporte del acto de publicidad que se

pretenda realizar y aportando una copia del mismo.

El dictamen del Colegio, emitido por la Comisión de Deontología, no tendrá

carácter vinculante más que si quien formula la consulta expresamente

manifiesta que se someterá al mismo. En todo caso el dictamen colegial

conllevará exención de responsabilidad disciplinaria cuando el consultante

ajuste su actuación al mismo.

  CAPÍTULO CUARTO.-DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

  Artículo 52.– Disposición General.

1.– Corresponde a los Abogados/as el asesoramiento jurídico y defensa de las

personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como la

asistencia a detenidos y presos, en los términos establecidos en la

legislación vigente.

2.– Corresponde al Colegio garantizar la efectividad de dichos derechos,

mediante una organización adecuada, y la designación de Abogado/a. La Junta de

Gobierno podrá establecer las normas y requisitos que estime precisos. En

particular le corresponde dictar y aprobar el Reglamento interno del Servicio

de Orientación Jurídica.

3.– El Abogado/a desempeñará las funciones a que se refiere el presente

artículo con la libertad e independencia que le son propias y con pleno

sometimiento a lo establecido en el presente Estatuto.

  TÍTULO TERCERO.-ORGANIZACIÓN COLEGIAL

  Artículo 53.– Órganos.

1.– Constituyen órganos necesarios del Colegio de Abogados de Gipuzkoa:

a) La Asamblea General.

b) La Junta de Gobierno.

c) El Decano.

2.– La Asamblea General y la Junta de Gobierno podrán crear las comisiones

permanentes u ocasionales que estimen convenientes para el mejor desarrollo de

sus funciones.

3.– Las comisiones que cree la Junta de Gobierno estarán presididas por un

miembro de la misma y podrán ejercer por delegación funciones propias de la

Junta de Gobierno siempre que así se haga constar en el acuerdo de creación

sin perjuicio de que la Junta de Gobierno pueda avocar la delegación en casos

determinados, o revocarla.

Por designación de la Junta de Gobierno podrán formar parte de estas

Comisiones colegiados/as que no sean miembros de dicha Junta.

  CAPÍTULO PRIMERO.-LA ASAMBLEA GENERAL

  Artículo 54.– Definición y funciones.

La Asamblea General es el órgano plenario superior del Colegio en el que

tienen derecho a participar e intervenir todos los colegiados/as de pleno

derecho, ejercientes o no, incorporados/as con anterioridad a la fecha de su

convocatoria.

Las asambleas generales podrán ser ordinarias y extraordinarias.

2.– Son funciones que en todo caso corresponden a la Asamblea General:

a) Aprobar el Estatuto del Colegio y sus modificaciones o reformas.

b) Debatir y, en su caso, aprobar los presupuestos y las cuentas anuales de

cada ejercicio.

c) Debatir y, en su caso, resolver sobre la reprobación o censura de la Junta

de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.

d) Aprobar la imposición de cuotas extraordinarias.

e) Aprobar la inversión o disposición del patrimonio colegial si se tratare de

inmuebles.

f) Aprobar los reglamentos de régimen interior que le proponga la Junta de

Gobierno.

g) Cualquier otra facultad que le atribuyan las leyes, los reglamentos o el

presente Estatuto.

  Artículo 55.– Asambleas generales ordinarias.

1.– El Colegio de Abogados de Gipuzkoa celebrará cada año dos asambleas

generales ordinarias, una en el primer semestre y otra en el último trimestre.

2.– La Asamblea General ordinaria a celebrar en el primer semestre de cada año

tendrá el siguiente orden del día:

1) Exposición por el Decano/a de los acontecimientos más importantes que

durante el año anterior hayan tenido lugar con relación al Colegio y a la

profesión.

2) Examen y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio

anterior.

3) Lectura, discusión y votación de los asuntos que se consignen en el orden

del día.

4) Ruegos y preguntas.

3.– La Asamblea ordinaria a celebrar en el último trimestre de cada año,

tendrá el siguiente orden del día:

1) Examen y votación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno.

2) Lectura, discusión y votación de los asuntos que se consignen en la

convocatoria.

3) Ruegos y preguntas.

  Artículo 56.– Asamblea General extraordinaria.

1.– Las asambleas generales extraordinarias se celebrarán a iniciativa del

Decano/a, de la Junta de Gobierno o a solicitud escrita y motivada de los

colegiados/as siempre y cuando el número de solicitantes represente, al menos,

el veinte por ciento del total de colegiados/as o el diez por ciento de los

ejercientes.

2.– En las asambleas generales extraordinarias no podrá incluirse en el orden

del día ni debatirse otros asuntos que los expresados en las convocatorias.

  Artículo 57.– Asamblea General de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros.

1.– El voto de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros

competerá siempre a la Asamblea General extraordinaria convocada a este solo

efecto.

2.– La solicitud de esta convocatoria de Asamblea General extraordinaria

requerirá la firma de un mínimo del 20 por 100 de los colegiados/as

ejercientes, incorporados/as al menos con tres meses de antelación, y

expresará con claridad las razones en que se funde.

3.– Para que prospere la censura será preciso:

a) Que participen en la votación la mitad más uno del total de colegiados/as

con derecho a voto. El voto se emitirá necesariamente de forma secreta,

directa y personal sin que quepa en este caso la delegación de voto.

b) Que la censura obtenga la mayoría absoluta de votos computados conforme a

lo establecido en el artículo 60.º.2.

4.– En el supuesto de que prospere la moción de censura los afectados/as

cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones.

Si la censura aprobada afectare a la Junta de Gobierno en su totalidad, el

Consejo Vasco de la Abogacía acordará la creación de una Comisión Gestora

designando a sus miembros, que ejercerá las funciones correspondientes a la

Junta de Gobierno y convocará elecciones en el plazo máximo de un mes.

  Artículo 58.– Procedimiento.

1.– La convocatoria a Asamblea General deberá realizarse con una antelación

mínima de un mes que podrá reducirse a quince días naturales cuando concurran

razones de urgencia o necesidad apreciadas por el Decano/a.

La convocatoria se notificará a todos los colegiados/as conforme al

procedimiento de su elección en los términos del artículo 41 j). La

convocatoria incluirá el orden del día, lugar y fecha de la Asamblea y, en su

caso, deberá ir acompañada de los documentos o extractos o resúmenes de estos

que procedan.

2.– El orden del día será fijado por el Decano/a, oída la Junta de Gobierno.

Los colegiados/as, mediante escrito motivado y firmado por un mínimo de 50,

podrán proponer en relación a las asambleas generales ordinarias, y dentro de

la primera mitad del plazo que medie hasta la fecha de su celebración, la

inclusión en el orden del día de nuevos asuntos. Estos asuntos serán

defendidos por un portavoz de los proponentes, emitiendo a continuación el

parecer de la Junta de Gobierno uno de sus miembros. En todo caso, se dará

traslado a los colegiados/as de los asuntos así incluidos en el orden del día.

3.– La citación a Asamblea General expresará todos los asuntos a tratar, el

lugar y la fecha de la reunión en primera convocatoria y, en su caso, la de la

reunión en segunda convocatoria, debiendo mediar al menos treinta minutos

entre ambas. También se hará constar el derecho a examinar en la sede colegial

los documentos que guarden relación con el orden del día.

4.– En primera convocatoria se requerirá la asistencia de la mitad más uno de

los colegiados/as para constituirse válidamente. En segunda convocatoria no

será necesario un quórum especial para la válida constitución de la Asamblea.

5.– El Secretario/a de la Junta de Gobierno levantará acta de las sesiones que

podrá ser aprobada por la propia Asamblea a continuación de haberse celebrado

o, en su defecto, dentro del plazo de los quince siguientes días hábiles por

el Decano/a y tres comisionados/as elegidos/as en la propia Asamblea General

de entre los colegiados/as asistentes.

  Artículo 59.– Derecho a voto.

1.– Todos los colegiados/as incorporados/as con anterioridad a la fecha de

convocatoria de la Asamblea General podrán asistir con voz y voto a las

asambleas generales ordinarias y extraordinarias que se celebren.

2.– El voto de los colegiados/as ejercientes computará con doble valor que el

de los no ejercientes.

Para participar en las votaciones, incluidas las elecciones, se requiere estar

al corriente del pago de las cuotas.

3.– Los colegiados/as podrán delegar su voto en otro colegiado/a, sin que

pueda ejercerse por delegación el voto de más de tres colegiados/as además del

propio, sin otras excepciones que las previstas en este Estatuto.

La delegación deberá acreditarse al principio de la reunión por escrito

firmado por el colegiado/a delegante, que indicará sus datos identificativos y

los del colegiado/a delegado/a y la convocatoria concreta a que se refiera la

delegación. Después de comprobar la firma mediante copia del D.N.I., o con los

datos obrantes en la Secretaría si fuere posible, el Decano/a o persona que le

sustituya en la presidencia, podrá admitir o denegar el voto delegado por no

cumplirse los requisitos descritos, lo que se reflejará en el acta.

La asistencia personal del representado/a a la Asamblea se entenderá siempre

como revocación de la delegación.

  Artículo 60.– Adopción de acuerdos y eficacia.

1.– Como regla general, las votaciones se efectuarán a mano alzada.

Se exceptúa de esta regla y la votación será secreta: a) en el supuesto del

artículo 57; b) cuando así lo requiera un quince por ciento de los asistentes;

c) cuando la votación afecte directamente al honor o imagen de las personas.

2.– A los efectos del cómputo de mayorías, se entiende por mayoría absoluta la

mitad más uno de todos los votos emitidos a cuyo efecto se computarán también

las abstenciones, así como, en los casos de votación secreta, los votos en

blanco y los nulos.

Se entiende aprobada o desaprobada por mayoría simple la cuestión que obtenga

en votación al mayor número de votos, sin computar las abstenciones y, en su

caso, los votos en blanco y los nulos.

A todos los efectos del cómputo se tendrá en consideración lo previsto en el

artículo 59.2.

3.– No podrá requerirse ningún quorum cualificado para la validez y eficacia

de la constitución de la Asamblea General o para las votaciones, con las solas

excepciones previstas en el presente Estatuto.

Igualmente, el sistema ordinario de adopción de acuerdos será el de mayoría

simple, con las solas excepciones previstas en el presente Estatuto.

El Decano/a o quien le sustituya en la presidencia, rechazará cualquier

petición contraria a lo previsto en el presente apartado aun cuando todos los

asistentes estuvieren conformes con la solicitud.

4.– Los acuerdos serán de obligado cumplimiento por todos los colegiados/as y

por la Junta de Gobierno.

No obstante, la Junta de Gobierno podrá acordar en forma motivada su

suspensión por razones exclusivas de estricta legalidad si entendiere que son

contrarios a las leyes o a los Estatutos, y remitirá la cuestión al Consejo

Vasco de la Abogacía a fin de que resuelva.

  CAPÍTULO SEGUNDO.-LA JUNTA DE GOBIERNO

  SECCIÓN PRIMERA.-LA JUNTA COMO ÓRGANO COLEGIADO

  Artículo 61.– Funciones.

1.– La Junta de Gobierno es el órgano que dirige y administra con carácter

ordinario el Colegio sin perjuicio de las facultades que corresponden a la

Asamblea General.

2.– Son funciones de la Junta de Gobierno:

a) Con carácter general, la dirección y administración del Colegio.

b) La elaboración de Reglamentos de Régimen interior y su propuesta a la Junta

General para su aprobación cuando se estime necesario u oportuno.

c) La regulación de la asistencia jurídica gratuita en el marco de las leyes y

reglamentos que la regulan.

d) La admisión de los licenciados/as en Derecho que soliciten su incorporación

al Colegio.

e) La protección y amparo de los Abogados/as en el ejercicio de la profesión

adoptando todas las medidas que resulten convenientes, incluido el ejercicio

de acciones frente a quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la

Administración de Justicia o la libertad e independencia del ejercicio

profesional.

f) La adopción de las medidas que procedan frente al intrusismo y el ejercicio

irregular de la profesión, ejerciendo en su caso las acciones procedentes.

g) El ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los colegiados/as, así como

sobre cualesquiera otros Abogados/as en relación con actuaciones profesionales

llevadas a cabo en Gipuzkoa.

h) La colaboración con el Consejo Vasco de la Abogacía a los efectos de la

elaboración y modificación de las Normas orientativas sobre honorarios de

aplicación común en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la

ratificación de lo que a este respecto acuerde dicho Consejo y las demás

facultades que le otorguen las normas orientativas así elaboradas.

i) La convocatoria de elecciones a la Junta de Gobierno y, en su caso, el

sometimiento de asuntos de interés colegial a consulta vinculante de todos los

colegiados/as.

j) La aprobación de las cuotas de incorporación y ordinarias que deban

satisfacer los colegiados/as. La propuesta a la Asamblea General de cuotas

extraordinarias para su aprobación. La recaudación de las cuotas.

k) La aprobación del proyecto de presupuestos y la rendición de cuentas ante

la Asamblea General.

l) La gestión y administración del presupuesto y del patrimonio colegial, sin

perjuicio de las facultades de la Asamblea General.

m) La organización de cursos, seminarios y conferencias y, en general, la

organización de actividades que promuevan y faciliten la formación permanente.

n) La emisión de consultas y dictámenes, la administración de arbitrajes y el

dictado de laudos arbitrales. La emisión de informes sobre honorarios cuando

los Tribunales lo requieran o cuando lo soliciten los Abogados/as minutantes.

o) La creación y mantenimiento de Tribunales de Arbitraje.

p) La dirección, coordinación y control de los servicios colegiales.

q) La contratación de los empleados del Colegio.

r) En general, cuantos le atribuya el ordenamiento jurídico vigente, resulten

convenientes para la mejor ordenación de la profesión y defensa de los

intereses de los Abogados/as, o no estén atribuidos a otro órgano por el

presente Estatuto.

  Artículo 62.– Delegación de funciones.

1.– La Junta de Gobierno podrá acordar la delegación de las siguientes

facultades:

a) En el Decano/a, la prevista en la letra d) del artículo 61.2

b) En un miembro de la Junta de Gobierno o comisión constituida conforme al

artículo 53.3, las facultades previstas en las letras l), m), n), p) y q) del

artículo 61.2.

Las demás facultades a que se hace mención en el art. 61 serán indelegables

sin perjuicio de que la Junta de Gobierno pueda recabar los informes o

asistencias técnicas que estime precisos.

2.– Las decisiones que se adopten por delegación indicarán expresamente esta

circunstancia y se considerarán dictadas por la Junta de Gobierno. Las

facultades delegadas no podrán, a su vez, subdelegarse.

La delegación será revocable por la Junta de Gobierno en cualquier momento.

  Artículo 63.– Composición y duración del mandato.

1.– La Junta de Gobierno estará compuesta por un máximo de 20 miembros y un

mínimo de 10.

Son órganos unipersonales de la Junta de Gobierno, el Decano/a, el

Vicedecano/a, el Secretario/a, el Diputado/a de Finanzas.

Los demás miembros de la Junta de Gobierno tendrán la consideración de vocales

y la denominación de Diputados/as. De conformidad con los usos del Colegio,

serán numerados por orden de prelación.

De entre los miembros de la Junta de Gobierno, ésta designará al Diputado que

habrá de asumir la responsabilidad de la organización y dirección, tanto de la

formación, como de las tradicionalmente asignadas al Bibliotecario/a. El

Diputado así designado, ejercerá las funciones encomendadas a dicho órgano en

el artículo 71 de estos estatutos.

2.– El mandato de los miembros de la Junta de Gobierno tendrá una duración de

cinco años.

3.– La Junta de Gobierno se renovará cada dos años y medio por la mitad de sus

miembros, Las vacantes que se produzcan a lo largo del mandato no darán lugar

a la apertura de un proceso electoral más que si en su conjunto alcanzaren a

la mitad más uno de los miembros de la Junta de Gobierno y, en relación al

Decano/a, cuando quedare vacante dicho cargo por un período mínimo de dos años

hasta la finalización de su mandato. En tales supuestos, la duración del

mandato de los elegidos/as será por lo que restare del plazo de cinco años de

los sustituidos/as o cesantes, y sus cargos saldrán a elección a la

finalización de dicho plazo.

4.– Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:

a) Fallecimiento.

b) Renuncia del interesado/a.

c) Falta de concurrencia o pérdida de los requisitos estatutarios para su

elegibilidad.

d) Expiración del término o plazo para el que fueron elegidos/as o

designados/as.

e) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta

de Gobierno o a cinco alternas en el término de un año, previo acuerdo de la

propia Junta.

f) Aprobación de moción de censura.

  Artículo 64.– Elegibilidad.

1.– Podrán se elegidos/as para formar parte de la Junta de Gobierno en

condición de Decano o cualquier otra, aquellos/as en quienes concurran las

siguientes condiciones:

a) Ser colegiados/as ejercientes y residentes incorporados/as al Colegio de

Abogados de Gipuzkoa en la fecha de la convocatoria de las elecciones que no

estén inhabilitados para el ejercicio de cargos de la Junta de Gobierno por

sanción firme.

b) No estar condenados/as por Sentencia firme que lleve aparejada la

inhabilitación o suspensión para el ejercicio de cargos públicos en tanto

subsistan.

c) No ser miembros de Juntas de Gobierno de otro Colegio de Abogados.

d) Estar a la fecha de cierre del plazo para la presentación de candidaturas

al corriente del pago de las cuotas colegiales, ordinarias o extraordinarias,

así como, en su caso, de las sanciones económicas firmes que hubieren podido

imponérseles por responsabilidad disciplinaria, siempre que no se hubiere

suspendido su ejecutividad.

2.– Todos los cargos de la Junta de Gobierno podrán ser reelegidos sin

limitación del número de mandatos para el mismo o diferente cargo.

  Artículo 65.– Deberes de los miembros de la Junta de Gobierno.

1.– Los miembros de la Junta de Gobierno deben ejercer sus funciones con la

diligencia y dedicación precisas, en el marco de las leyes, los reglamentos,

el presente Estatuto y las demás normas que afecten al Colegio y al ejercicio

de la profesión.

2.– Los miembros de la Junta de Gobierno deben guardar secreto de las

deliberaciones de la Junta y no pueden hacer uso para fines privados de la

información reservada del Colegio o de la conocida exclusivamente por razón

del cargo.

Dichos deber y prohibiciones serán también de aplicación a quienes asistieren

a las reuniones de la Junta de Gobierno, llamados por ésta.

3.– Cuando un miembro de la Junta de Gobierno resulte interesado/a en un

determinado asunto deberá ausentarse de las deliberaciones y votación

correspondiente, constando en acta su ausencia o salida del local en que se

celebre la reunión, y su abstención. Son causas de abstención las contempladas

en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo común, así

como cualquier otra que conlleve conflicto de intereses.

  Artículo 66.– Funcionamiento.

1.– La Junta de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al

mes, y en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde el Decano/a o lo

soliciten al menos el 20% de sus miembros.

2.– La convocatoria para las reuniones se hará por escrito y será comunicada

por cualquier medio que deje constancia. Se practicará con al menos dos días

de antelación salvo en caso de urgencia apreciada libremente por el Decano/a.

Se acompañará el orden del día, lugar y fecha.

Fuera del orden del día no se podrán tratar otros asuntos salvo los que el

Decano/a acuerde o acepte.

3.– Para la válida constitución en primera convocatoria será precisa la

presencia, al menos, de la mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho

de la Junta de Gobierno, siempre que esté presente el Decano/a o el

Vicedecano/a si hubiere delegado en este la presidencia de la sesión. A los

efectos de dicho cómputo, si existieren vacantes en la Junta de Gobierno por

cualquiera de las causas contempladas en el artículo 63.4, no se tendrán en

consideración las vacantes.

En segunda convocatoria será necesaria la presencia de, al menos una tercera

parte de sus miembros, siempre que uno de ellos sea el Decano/a o el

Vicedecano/a, debiendo existir un intervalo mínimo de media hora entre la

primera y la segunda convocatoria.

4.– Los acuerdos se adoptarán por asentimiento o por mayoría simple de votos.

En caso de empate, el Decano/a tendrá voto dirimente.

5.– El Secretario/a levantará acta de los acuerdos que será aprobada al final

de la sesión o al comienzo de la siguiente. El acta se redactará conforme a lo

establecido en el artículo 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo común.

  SECCIÓN SEGUNDA.-EL DECANO/A

  Artículo 67.– Funciones.

1.– El Decano/a es el órgano unipersonal máximo del Colegio, elegido conforme

a lo previsto en los presentes Estatutos.

2.– Corresponde al Decano/a:

a) Ostentar la representación oficial del Colegio y delegarla para actos

concretos.

b) Dirigir y coordinar la actividad del Colegio y, en particular, velar por el

cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno.

c) Convocar, aprobar el orden del día, presidir, dirigir y levantar las

sesiones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno. Presidir todas las

comisiones o secciones que se creen por la Junta de Gobierno, cuando asista a

sus sesiones de trabajo.

d) Velar por el mantenimiento de relaciones de lealtad y compañerismo entre

los colegiados/as, arbitrando en su caso soluciones.

e) Acordar la incorporación de nuevos colegiados/as en casos de urgencia.

f) Representar al Colegio en la realización de cualquier negocio o acto

jurídico, sin perjuicio de que no podrá suscribir contratos ni asumir

obligaciones en nombre del Colegio sin el previo acuerdo de la Junta de

Gobierno.

g) Autorizar los gastos y ordenar los pagos.

h) Visar las actas y las certificaciones.

i) Todas las demás que le encomienden las leyes, los reglamentos y el presente

Estatuto y, en general, todas las que sean precisas para el mejor cumplimiento

de las anteriores.

  SECCIÓN TERCERA.-OTROS ÓRGANOS UNIPERSONALES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  Artículo 68.– El Vicedecano/a.

1.– El Vicedecano/a llevará a cabo todas aquellas funciones que le delegue el

Decano/a. Asimismo asumirá las funciones de Decano/a en los casos de vacante

por cualquier causa, tales como ausencia, enfermedad o abstención en los

asuntos que puedan afectarle.

2.– En los supuestos en que no sea posible la sustitución por el Vicedecano/a,

corresponderá el ejercicio de las funciones a los demás Diputados por su orden

de precedencia.

  Artículo 69.– El Secretario/a.

1.– Corresponde al Secretario/a asistir al Decano/a o persona que lo sustituya

en el desarrollo de sus funciones garantizando la observancia de los

procedimientos de gobierno del Colegio y el cumplimiento de la legalidad en

las actuaciones colegiales.

2.– Corresponde al Secretario/a:

a) Velar por la legalidad de los acuerdos de los órganos colegiales.

b) Custodiar la documentación del Colegio.

c) Redactar y autorizar las actas de las sesiones que celebren la Asamblea

General y de la Junta de Gobierno.

d) Preparar el despacho de los asuntos a tratar en las sesiones que celebren

la Asamblea General y la Junta de Gobierno.

e) Efectuar las convocatorias de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno

conforme a lo previsto en el presente Estatuto y siguiendo las instrucciones

que pudiere dar el Decano/a.

f) Llevar el censo de colegiados/as de Gipuzkoa con todas las especificaciones

precisas que afecten a la situación de su ejercicio profesional.

g) Expedir las certificaciones con el visto bueno del Decano/a.

h) En general, todas las funciones que corresponden al Secretario/a de los

órganos administrativos colegiados y las demás inherentes a las anteriores y

que sean precisas para el mejor desempeño de las funciones de Secretaría.

3.– El Secretario/a será sustituído/a por los Diputados/as en orden de menor a

mayor prelación en su ordenación.

  Artículo 70.– Diputado/a de Finanzas.

Corresponde al Diputado/a de Finanzas:

a) Elaborar el anteproyecto de presupuestos y de las cuentas anuales.

b) Elaborar las propuestas de modificación de las cuotas ordinarias y, en su

caso, proponer cuotas extraordinarias.

c) Informar periódicamente, al menos una vez cada trimestre, a la Junta de

Gobierno del estado de las cuentas de ingresos y de gastos y del grado de

ejecución de los presupuestos.

d) Controlar la recaudación y la contabilidad así como custodiar los fondos

del Colegio. Proponer a la Junta de Gobierno la adopción de medidas frente a

los colegiados/as que incumplan con sus obligaciones económicas respecto al

Colegio.

e) Abrir y cerrar cuentas corrientes. Ingresar y retirar fondos de las cuentas

bancarias conjuntamente con el Secretario General Técnico del Colegio.

f) Llevar el inventario de los bienes del Colegio.

g) Cualesquiera otras vinculadas con las anteriores o que le encomiende la

Junta de Gobierno.

  Artículo 71.– Diputado/a de Formación.

1.– Corresponde al Diputado/a de Formación:

a) Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, un programa anual de

cursos, seminarios y conferencias que contribuyan a la formación de los

colegiados/as, así como sus sistemas o medios de financiación.

b) Organizar, bajo la exclusiva responsabilidad del Colegio o conjuntamente

con otros organismos o instituciones, cursos o seminarios de formación y

actualización profesional.

c) Ejercer en nombre del Colegio las responsabilidades que a este correspondan

en relación con la Escuela de Práctica Jurídica.

d) Dirigir y organizar la Biblioteca del Colegio, cuidar del catálogo de

obras, y resolver sobre las adquisiciones de material de biblioteca, base de

datos y formación dentro de los presupuestos aprobados.

e) Las demás relacionadas con las anteriores.

2.– En el ejercicio de las funciones anteriores, el Diputado/a de Formación

estará auxiliado/a por las comisiones o comités que designe la Junta de

Gobierno.

  CAPÍTULO TERCERO.-RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES

  Artículo 72.– Disposición General.

1.– Los actos de los órganos colegiados están sujetos a Derecho Administrativo

con las excepciones previstas en el art. 48 de la Ley vasca 18/1997, de 21 de

noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos

Profesionales.

2.– Los acuerdos de los órganos de gobierno del Colegio que conlleven el

establecimiento de deberes para los colegiados/as, deberán ser publicados y

notificados a todos ellos, sin cuyo requisito su incumplimiento no dará lugar

a sanción disciplinaria.

  Artículo 73.– Ejecutividad y recursos.

1.– Los actos sujetos a Derecho Administrativo emanados de los órganos

colegiales ponen fin a la vía administrativa previa a la

contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en la legislación

vigente.

2.– No obstante, los interesados/as podrán interponer recurso ante el Consejo

Vasco de la Abogacía en todos los casos en que el presente Estatuto no lo

impida expresamente.

Los recursos en materia electoral y disciplinaria se regirán por su normativa

propia en los términos del presente Estatuto.

3.– La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una

disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto

impugnado.

El órgano a quien corresponda la resolución del recurso podrá acordar, a

propuesta de parte, la suspensión en los términos de la legislación

administrativa aplicable.

  CAPÍTULO CUARTO.-RÉGIMEN ECONÓMICO

  Artículo 74.– Principios Generales.

1.– El Colegio dispone de autonomía económica y financiera de acuerdo con lo

establecido en la legislación de Colegios Profesionales.

2.– Los presupuestos tendrán vigencia coincidente con el año natural.

  Artículo 75.– Recursos económicos.

Constituyen recursos económicos del Colegio:

a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes y

derechos que integran el patrimonio del Colegio, así como los rendimientos de

los fondos depositados en sus cuentas.

b) Las cuotas de incorporación.

c) Las cuotas, ordinarias y extraordinarias, a satisfacer por los

colegiados/as.

d) Los derechos que puedan establecerse por expedición de certificaciones.

e) Las cantidades percibidas de los usuarios de los servicios colegiales, por

dictámenes, informes, consultas, certificaciones, conferencias, actuaciones de

secretaría u otros análogos.

f) El importe de las sanciones económicas que imponga la Junta de Gobierno que

habrá de destinarse necesariamente a tareas de formación permanente.

g) Las subvenciones que se concedan por el Estado, la Comunidad Autónoma y

demás Entidades y particulares.

h) Cualesquiera otros que legalmente procedieren.

  Artículo 76.– El presupuesto.

1.– El presupuesto del Colegio tendrá carácter meramente orientativo,

comprensivo de todos los ingresos y gastos.

2.– El presupuesto será formado por la Junta de Gobierno, a propuesta del

Diputado de Finanzas, y será debatido y aprobado por la Asamblea General

ordinaria que se celebre en el último trimestre de cada año.

En la convocatoria a esta sesión de la Asamblea General se acompañará un

cuadro-resumen, sin perjuicio del derecho de los colegiados/as a examinar el

proyecto en su conjunto en la sede del Colegio.

3.– Si por cualquier causa no estuviere aprobado el presupuesto al inicio de

cada año, quedará automáticamente prorrogado el anterior con las siguientes

especialidades:

a) La prórroga no afectará a los capítulos o programas de inversiones, con

excepción de los compromisos plurianuales que se hubieren aprobado con

anterioridad.

b) Las cantidades correspondientes a la remuneración del personal del Colegio

en régimen laboral, experimentarán el incremento que proceda en función del

convenio de aplicación.

4.– La estructura, gestión y liquidación de los presupuestos y su sistema

contable se harán conforme a lo que disponga la legislación sobre entidades

sin ánimo de lucro.

  Artículo 77.– Dación de cuentas.

1.– La Junta de Gobierno, a propuesta elaborada por el Diputado de Finanzas,

formulará las cuentas correspondientes al ejercicio de cada año cerrado a 31

de diciembre, debiendo someterse a debate y aprobación de la Asamblea General

ordinaria a celebrar en el primer semestre del año siguiente.

2.– La Junta de Gobierno designará un Auditor de Cuentas a los efectos de dar

cumplimiento a lo establecido en el artículo 50.3 de la Ley vasca 16/1997, de

21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y

Consejos Profesionales.

  Artículo 78.– Patrimonio y gestión.

1.– El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno, a

través del Diputado de Finanzas y con la colaboración técnica que se precise.

2.– Para adquirir, gravar o enajenar bienes inmuebles se requerirá la

aprobación de la Asamblea General.

  CAPÍTULO QUINTO.-RÉGIMEN ELECTORAL

  Artículo 79.– Sufragio universal.

1.– Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos por votación directa y

secreta en la que podrán participar como electores/as todos los colegiados/as

incorporados/as con antelación a la fecha de convocatoria de las elecciones,

que se encuentren al corriente de pago de las cuotas colegiales con excepción

de quienes estuvieren dispensados de su pago por acuerdo de la Junta de

Gobierno.

2.– El voto de los Abogados/as ejerciente tendrá doble valor que el de los no

ejercientes.

  Artículo 80.– Convocatoria de elecciones.

1.– Corresponde a la Junta de Gobierno la convocatoria de elecciones.

La convocatoria se acordará con dos meses de antelación, como mínimo, a la

fecha de celebración de la elección.

2.– La convocatoria se notificará a los colegiados/as dentro de los cinco días

siguientes en que fuere acordada y en ella se indicarán lugar y día de la

elección, horas de apertura y cierre de las urnas, plazos y fecha límite de

presentación de candidaturas y cargos que han de ser objeto de elección

Igualmente y en dicho plazo se expondrán en el tablón de anuncios del Colegio

las listas separadas de colegiados ejercientes y no ejercientes con derecho a

voto, indicando, en su caso, que no se está al corriente del pago de las

cuotas o del pago de las sanciones económicas firmes que se les hubieren

impuesto, a no ser que estuviere suspendida su ejecución. Los colegiados/as

que se encuentren en situación de impago de cuotas o sanciones económicas,

obtendrán la condición de electores/as una vez abonen las cantidades

adeudadas.

  Artículo 81.– Condiciones de elegibilidad.

Las condiciones de elegibilidad establecidas en el artículo 64 del presente

Estatuto, habrán de reunirse en la fecha en que se acuerde la convocatoria de

elecciones.

  Artículo 82.– Reclamación contra las listas de electores/as.

1.– Los colegiados/as podrán formular reclamación contra las listas de

electores/as dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la exposición

de las mismas.

2.– La Junta de Gobierno resolverá sobre ellas dentro de los tres días

siguientes a la expiración del plazo para formularlas, notificando su

resolución a cada reclamante dentro de los dos días siguientes, y publicando,

en su caso, las correcciones en el tablón de anuncios del Colegio.

  Artículo 83.– Presentación de candidaturas y proclamación.

1.– Podrán presentarse candidaturas hasta veinte días naturales antes de la

fecha de la elección.

2.– Las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales

para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los

propios candidatos/as. Ningún colegiado/a podrá presentarse candidato/a a más

de un cargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno que presenten su candidatura, sea para el

mismo o diferente cargo, cesarán en el ejercicio de sus funciones a partir de

la fecha de presentación.

3.– La Junta de Gobierno, al siguiente día de la finalización del plazo de

presentación de candidaturas, proclamará candidatos/as a quienes reúnan los

requisitos de elegibilidad, declarando electos/as a quienes no tengan

oponentes. Seguidamente ordenará su publicación en el tablón de anuncios y lo

comunicará a todos los candidatos/as.

4.– Los recursos que presenten los candidatos/as o las candidaturas contra la

proclamación de candidaturas habrán de formularse ante la Junta de Gobierno en

el plazo de cinco días desde la notificación a que se refiere el apartado

anterior, y para los demás colegiados/as dentro del plazo de cinco días desde

la publicación en el tablón de anuncios del Colegio.

Los recursos serán resueltos por la Junta de Gobierno dentro de los seis días

siguientes al del vencimiento del plazo para presentación de recursos, sin que

quepa ningún otro recurso colegial ante ningún otro órgano o Consejo y sin

perjuicio de poder acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

  Artículo 84.– Actuaciones hasta el día de la elección.

1.– Producida la proclamación de candidaturas, la Junta de Gobierno procederá

a constituir la Mesa electoral que dirigirá el proceso electoral y presidirá

la elección.

2.– La Mesa electoral estará presidida por el Decano/a y formarán parte de

ella, el Secretario/a que cumplirá esta función en la Mesa electoral y otro

miembro de la Junta de Gobierno designado por esta. Igualmente procederá a

designar suplentes.

Ningún miembro de la Mesa electoral podrá concurrir como candidato/a a las

elecciones. En el supuesto de que el Decano/a y/o el Secretario/a concurrieren

a las elecciones como candidatos/as, serán sustituidos/as conforme a lo

previsto, respectivamente, en los artículos 68 y 69.3 del presente Estatuto.

Si también los sustitutos/as concurrieren como candidatos/as, la Junta de

Gobierno procederá a completar la Mesa electoral entre otros miembros de la

Junta de Gobierno. Si ello no fuere posible por cualquier causa, la Junta de

Gobierno completará la Mesa electoral mediante sorteo entre todos los

colegiados/as ejercientes y residentes en Gipuzkoa.

Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a los

supuestos en que la Junta de Gobierno sea sustituida por una Comisión Gestora.

3.– La Mesa Electoral elaborará el modelo de papeleta electoral. Las

candidaturas podrán elaborar sus propias papeletas electorales en modelo igual

al aprobado por la Mesa electoral.

Igualmente, la Mesa electoral procederá a organizar la utilización de la sede

del colegio para la celebración de actos de campaña electoral. Las solicitudes

se resolverán, en principio, conforme al orden de presentación y las

preferencias de lugar, día y hora que se manifiesten, con la máxima equidad

para garantizar condiciones de igualdad.

4.– Las candidaturas no podrán utilizar los servicios del Colegio para llevar

a cabo otros actos de campaña electoral, tales como el envío de programas o de

papeletas.

No obstante, el Colegio aportará las listas de electores publicadas si así

fuere solicitado por las candidaturas.

  Artículo 85.– Voto por correo.

1.– Los colegiados/as con derecho de sufragio activo podrán emitir su voto por

correo. Quien así decida emitir su voto, deberá solicitar de la Secretaría

Técnica del Colegio mediante comparecencia o correo certificado, la

certificación que acredite que está incluido/a en el censo electoral y que se

encuentra al corriente del pago de las cuotas colegiales, con una antelación

mínima de diez días a la fecha de las elecciones.

2.– La Secretaría enviará por correo certificado o entregará personalmente la

certificación solicitada, las papeletas de votación y dos sobres blancos con

una antelación mínima de cinco días naturales respecto a la fecha de la

elección.

3.– El votante deberá introducir la papeleta de votación en el sobre pequeño

remitido, y una vez cerrado, lo colocará dentro del sobre mayor enviado por el

Colegio junto con la certificación de elector y copia de su D.N.I., de su

Pasaporte o documento que lo supla, o carnet de colegiado. Este sobre deberá

enviarse por correo certificado al Colegio o entregarse personalmente en su

sede, y sólo se admitirá si tiene entrada en la Secretaría antes de comenzar

el recuento de votos.

  Artículo 86.– Votación.

1.– La Mesa Electoral se constituirá en el lugar, día y hora acordado en la

convocatoria.

Cada candidatura o, en su caso, candidato/a a cargo no integrado en una

candidatura, podrá designar entre los colegiados/as un interventor/a que le

represente en la Mesa electoral.

2.– La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de seis horas y

máximo de ocho, salvo que la Junta de Gobierno al convocar la elección señale

un plazo mayor.

3.– En la Mesa electoral habrá urnas separadas para el depósito de los votos

de los colegiados/as ejercientes y no ejercientes. Las urnas permanecerán

cerradas durante la votación.

4.– Constituida la Mesa electoral, el Presidente dará comienzo a la votación.

A la hora prevista para su finalización, se cerrarán las puertas del salón de

votaciones y sólo podrán votar los colegiados/as que ya estuvieren en el

mismo. Los miembros de la Mesa votarán en último lugar.

5.– Los votantes deberán acreditar a la Mesa electoral su personalidad. La

Mesa comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones negando

el derecho de voto en otro caso así como cuando no esté al corriente del pago

de las cuotas colegiales; su Presidente pronunciará el nombre y apellidos del

votante, indicando que vota, tras lo cual el propio Presidente introducirá el

documento de voto en la urna correspondiente.

  Artículo 87.– Escrutinio.

1.– Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyéndose en voz alta

todas las papeletas.

2.– Serán declarados nulos totalmente aquellos votos que contengan expresiones

ajenas al estricto contenido de la votación o que contengan tachaduras o

raspaduras. Lo serán parcialmente, en cuanto al cargo a que afectare, las

papeletas que indiquen más de un candidato para un mismo cargo, o nombres de

personas que no concurran a la elección. Las papeletas que contengan voto sólo

para alguno de los cargos y que reúnan los requisitos exigidos, serán válidas

para los cargos y personas correctamente expresados.

3.– Terminado el escrutinio, la presidencia anunciará su resultado,

proclamándose seguidamente electos/as los candidatos/as que hubieren obtenido

para cada cargo el mayor número de votos. En caso de empate se entenderá

elegido/a quien lleve mayor tiempo de ejercicio en el Colegio de Abogados de

Gipuzkoa.

  Artículo 88.– Recursos.

Los recursos que se interpongan en el proceso electoral o contra su resultado

serán admitidos en un solo efecto y no suspenderán la votación, proclamación y

toma de posesión de los elegidos, salvo cuando así se acuerde por causas

excepcionales mediante resolución expresa y motivada.

  Artículo 89.– Plazos.

La Junta de Gobierno, en el acuerdo de la convocatoria o en momento posterior,

podrá acordar la ampliación de los plazos previstos en el presente Capítulo,

hasta el doble de los mismos como máximo.

En particular, procederá la ampliación cuando el plazo que medie entre la

fecha de la convocatoria y la fecha de la elección sea superior a dos meses.

  Artículo 90.– Toma de posesión.

1.– Los candidatos/as electos/as tomarán posesión de sus cargos en la primera

Junta de Gobierno que se convoque que habrá de celebrarse en el plazo máximo

de diez días desde la fecha de la elección. Corresponde en todo caso la

convocatoria de esta Junta a quien hubiere desempeñado el cargo de Decano/a

hasta la celebración de la votación.

La toma de posesión de los cargos electos conlleva la finalización del mandato

de los anteriores en los mismos cargos.

2.– El Secretario/a de la Junta de Gobierno, comunicará su nueva composición

al Consejo General de la Abogacía, al Consejo Vasco de la Abogacía y al

Registro de Profesiones Tituladas del País Vasco, con indicación de todos los

extremos pertinentes.

  TÍTULO CUARTO.-RÉGIMEN DISCIPLINARIO

  Artículo 91.– Principios generales.

1.– Los Abogados/as que incumplan los deberes profesionales previstos en el

presente Estatuto y en las demás normas de aplicación a la profesión,

incurrirán en responsabilidad disciplinaria sin perjuicio de cualquier otra

responsabilidad penal, civil o administrativa que proceda.

2.– No podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en virtud de expediente

instruido al efecto, previa audiencia al interesado, y demás requisitos de

procedimiento y motivación previstos en el artículo 19.2 de la Ley vasca

16/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de

Colegios y Consejos Profesionales y en el presente Estatuto.

  Artículo 92.– Competencia sancionadora disciplinaria y alcance.

1.– El ejercicio de la potestad sancionadora respecto a los Abogados/as

corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Gipuzkoa.

El ejercicio de la potestad se extiende a todas las acciones u omisiones

susceptibles de sanción, que tengan lugar en el territorio de Gipuzkoa aun

cuando se trate de Abogados/as incorporados/as a otros Colegios de Abogados.

2.– La potestad disciplinaria respecto de los miembros de la Junta de Gobierno

corresponden al Consejo Vasco de la Abogacía, con la sola excepción de las

infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones como miembros del

Consejo General de la Abogacía, en cuyo caso la potestad disciplinaria

corresponderá a este.

3.– En los supuestos de intrusismo profesional por carecer el infractor/a del

título de licenciado/a en Derecho o por falta de colegiación como ejerciente,

la Junta de Gobierno una vez tenga noticia de los hechos, los pondrá en

conocimiento del Departamento competente en materia de Justicia a los fines de

que se instruya el correspondiente expediente y se imponga la sanción que

proceda, sin perjuicio del ejercicio de las acciones ante los Tribunales que

puedan resultar procedentes.

  CAPÍTULO PRIMERO.-INFRACCIONES Y SANCIONES

  Artículo 93.– Clasificación.

Las infracciones disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves.

  Artículo 94.– Infracciones muy graves

1.– Constituyen infracciones muy graves, las siguientes:

a) El ejercicio de la profesión de Abogado/a sin estar en posesión del título

de Licenciado/a en Derecho o equivalente que habilite para el ejercicio de la

profesión.

b) La vulneración del secreto profesional tanto respecto del debido al actual

cliente como a un antiguo cliente, y en general la infracción de cualquiera de

las reglas establecidas en el art. 25 del presente Estatuto con la sola

excepción de lo previsto en el artículo 95.1 b) del presente Estatuto.

c) La vulneración del deber de independencia cuando de ello resulte perjuicio

grave para quienes soliciten o concierten la actuación profesional.

d) La realización de actuaciones profesionales prohibidas por causa de

conflicto de intereses cuando de ello resulte perjuicio grave para quienes

soliciten o concierten la actuación profesional.

e) La infracción del deber de verdad establecido en el artículo 26 del

presente Estatuto, cuando de ello resulte perjuicio grave para quienes

soliciten o concierten la actuación profesional o para la parte contraria o

para cualquier tercero.

f) Llevar a cabo culposamente actos contrarios a los intereses del cliente,

cuando resulte perjuicio grave para el mismo.

g) El ejercicio de la profesión en situación de inhabilitación profesional o

estando incurso en causa de incompatibilidad o prohibición de ejercicio.

h) La falta de información al cliente o a su Abogado/a o la retención de

documentos cuando se ponga fin a la relación profesional, siempre que ello

conlleve perjuicio grave y, en todo caso, cuando genere indefensión.

i) La retención indebida de fondos del cliente en beneficio propio.

j) La no aplicación de fondos entregados por el cliente a los fines que

justificaron su entrega, cuando de ello resulte perjuicio grave para el

cliente.

k) Las relaciones o comunicaciones con la parte contraria que no disponga de

Abogado/a cuando de ello resulte indefensión o la inducción a cualquier engaño

sobre lo que en Derecho proceda y, en general, cualquier perjuicio grave

contra el mismo.

l) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, con

ocasión del ejercicio de la profesión; así como la comisión de delitos por el

cliente cuando ello sea resultado de un asesoramiento, consejo o actuación

procesal del Abogado/a.

m) La condena de un colegiado/a en sentencia firme a penas graves conforme al

artículo 33.2 del Código Penal.

n) El encubrimiento del intrusismo profesional bajo cualquier forma y, en

particular, prestar la firma en actividades profesionales reservadas a los

Abogados/as, llevadas a cabo por otros/as tanto si no son licenciados/as en

Derecho como si no están colegiados/as.

ñ) El ejercicio profesional conjunto con profesiones incompatibles; así como

con profesionales inicialmente compatibles con la Abogacía cuando incurran en

causa de incompatibilidad que suponga o pueda suponer merma o menosprecio de

la libertad, la independencia o la dignidad inherentes a la Abogacía.

o) Las faltas en relación con los Tribunales de Justicia y sus miembros que

tengan la consideración de muy grave en el Estatuto General de la Abogacía.

p) La embriaguez y/o consumo de drogas cuando afecte al ejercicio de la

profesión, produciendo perjuicio grave al cliente.

q) La infracción en materia de información y publicidad de lo establecido en

las letras a), b), c) y d) del art. 25.2 del Estatuto General de la Abogacía,

cuando resulte perjuicio grave.

r) La oferta de servicios profesionales a las víctimas de accidentes o

catástrofes, aun cuando ello no resulte de un acto de publicidad, en sentido

estricto conforme a la legislación de publicidad, cuando resulte perjuicio

grave.

s) La oferta o promesa de resultados que no dependan exclusivamente del

Abogado, aun cuando ello no resulte de una acto de publicidad, en sentido

estricto conforme a la legislación de publicidad, siempre que resulte

perjuicio grave.

t) La incitación genérica o concreta al pleito o conflicto, cuando ello

conlleve mala fe y genere cualquier tipo de beneficio para el inductor/a,

siempre que resulte perjuicio grave, para el cliente.

u) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años.

Se exceptúa de lo dispuesto en el presente párrafo la infracción señalada en

la letra s) del art. 95.º.1 del presente Estatuto.

2.– A los efectos del elemento del tipo de la infracción «perjuicio grave» a

que remiten las letras c), d), e), f), h), j), k), p), q), r), s), y t), se

entiende que resulta tal daño cuando, a consecuencia de la conducta se produce

al cliente indefensión, perjuicios al honor, la imagen o la intimidad, o

perjuicios económicos que no debiera haber soportado en condiciones ordinarias

y leales del ejercicio profesional, o beneficios indebidos para el Abogado/a,

o cualesquiera otros que perjudiquen en forma notable los legítimos intereses

del cliente.

  Artículo 95.– Faltas graves.

1.– Constituyen infracciones graves, las siguientes:

a) El incumplimiento de los deberes profesionales a que se refieren las letras

a), d), e), g), i), k), l) y g) del art. 94.º.1 del presente Estatuto cuando

la infracción no revista los requisitos del tipo establecidos en el art.

94.º.2, y siempre que cause algún tipo de perjuicio al propio cliente o, en su

caso, a la parte contraria o a cualquier otro tercero.

b) El incumplimiento del deber de aseguramiento.

c) La vulneración del deber de notificación de actos de intrusismo profesional

o de ejercicio irregular de la profesión, en los términos del artículo 11 de

la Ley vasca 18/97, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas

y de Colegios y Consejos Profesionales.

d) El incumplimiento del deber de ejercicio forzoso de la profesión en los

términos previstos en los artículos 13 y 15.2 e) de la Ley vasca 17/887, de 21

de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos

Profesionales.

e) Cualesquiera acciones u omisiones en relación a otro Abogado/a que amenacen

el deber de este/a de mantenimiento del secreto profesional, o su libertad,

independencia y deber de verdad.

f) La aceptación de asuntos en contra de lo establecido en el artículo 31.º

del presente Estatuto cuando haya ocasionado algún tipo de perjuicio al

cliente y siempre que la infracción no contenga los elementos del tipo de

alguna infracción muy grave.

g) La falta de información al cliente, en los términos previstos en el art.

33.º del presente Estatuto, siempre que la información le haya sido requerida

por éste y el incumplimiento del deber le haya ocasionado algún tipo de

perjuicio no calificable como infracción muy grave.

h) La falta de entrega al cliente de la «Nota de encargo» cuando ello sea

preceptivo y siempre que la minuta cuyo pago se requiera posteriormente se

juzgue inadecuada conforme a las Normas orientativas de honorarios

profesionales de aplicación en el Colegio.

i) Los retrasos injustificados en la entrega o devolución al cliente de fondos

de la titularidad de este que el Abogado/a tenga en su profesión.

j) La reiterada y temeraria impugnación de las minutas de los colegas, así

como la reiterada formulación de minutas de honorarios que sean declarados

excesivos o indebidos.

k) Las conductas que en relación a los Tribunales de Justicia tengan la

consideración de falta grave conforme al Estatuto General de la Abogacía.

l) Los actos de publicidad contrarios a lo previsto en las letras e) y f) del

art. 25.2 del Estatuto General de la Abogacía.

m) Los actos de competencia desleal contrarios a las leyes cuando así sea

declarado por el órgano competente o, en su caso, contrarios a las

instrucciones que sobre competencia desleal emita el Colegio o los Consejos de

la Abogacía.

n) El incumplimiento de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados

por los órganos colegiales en el ámbito de sus competencias que afecten al

normal ejercicio de las funciones que tienen atribuídas o lo impidan.

ñ) El ejercicio profesional en situación de embriaguez, o bajo el influjo de

drogas tóxicas.

o) La ofensa grave a la dignidad de otros Abogados/as o de los órganos de

gobierno de la Abogacía o de los miembros de éstos, y de las personas o

instituciones con quienes se relacione como consecuencia de su ejercicio

profesional, así como la agresión física a cualquiera de ellos/as.

p) Los actos que impidan o alteren el normal funcionamiento del Colegio o de

sus órganos.

q) El incumplimiento por los miembros de la Junta de Gobierno del deber de

secreto de sus deliberaciones que les impone el artículo 65.2.

r) La utilización, a sabiendas, por los miembros de la Junta de Gobierno en

beneficio propio de la información reservada o de la que sólo han podido

conocer por razón del cargo, cuando no reúna las características del tipo del

artículo 95.1 u).

s) La falta de abstención de cualquier miembro de la Junta de Gobierno en los

términos preceptuados en el artículo 65.3, cuando las consecuencias de dicha

conducta no fueren encuadrables en el tipo del artículo 95.1 v).

t) Las infracciones contempladas en el art. 95 del presente Estatuto cuando,

atendidos los hechos y las circunstancias, se estime motivadamente que la

sanción por falta muy grave será desproporcionada.

u) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.

v) La utilización por cualquier miembro de la Junta de Gobierno en beneficio

propio de la información reservada del Colegio o de la conocida exclusivamente

por razón del cargo, cuando de ello resulte cualquier beneficio económico, sin

perjuicio de que la conducta pueda ser sancionada por otras causas de

infracción.

x) La participación en el debate o la falta de abstención de cualquier miembro

de la Junta de Gobierno, a sabiendas de que se incumple el deber establecido

en el artículo 65.3 del presente Estatuto, cuando hubiere intervenido en el

debate y, en su caso, en la votación inclinando la decisión de la mayoría a

favor de su tesis, y si de ello resultare perjuicio grave a cualquier tercero

afectado por el asunto de que se trate o quedare sin sanción una infracción

por falta grave o muy grave.

  Artículo 96.– Infracciones leves.

1.– Constituyen infracciones leves, las siguientes:

a) El incumplimiento del deber de dar cuenta o de solicitar autorización del

Decano/a en los casos en que proceda el levantamiento del secreto profesional,

siempre que, a juicio del Decano/a, fuere procedente dicho levantamiento. En

otro caso, la revelación de lo amparado por el secreto profesional será

sancionado conforme a lo que proceda en causa a los artículos 94 y 95.

b) El reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las cargas

colegiales, sin perjuicio en su caso de que se acuerde la baja colegial.

c) Las infracciones consideradas graves en el artículo anterior cuando,

atendidos los hechos y sus circunstancias, se aprecie motivadamente que la

sanción por falta grave sería desproporcionada. Se exceptúa de lo dispuesto en

el presente párrafo la infracción señalada en la letra r) del artículo 95

anterior.

d) La falta de identificación de las actuaciones y comunicaciones de las

Agrupaciones constituidas en el seno del Colegio como de tal procedencia, si

inducen objetivamente a error sobre su procedencia.

e) La falta de asistencia injustificada o la falta de respuesta injustificada

por parte de cualquier Abogado/a a los requerimientos personales que le haga

la Junta de Gobierno, las comisiones constituidas en el seno del Colegio o, en

el supuesto de expedientes disciplinarios, el Instructor.

f) Las indiscreciones en materia de secreto profesional, entendiendo por tales

las vulneraciones que no producen daños a un cliente actual o antiguo, para la

presunción de inocencia, el derecho al honor, a la imagen o a la intimidad, ni

le reporten daño económico ni ningún otro perjuicio.

g) La infracción de los demás deberes establecidos en el presente Estatuto o

en las normas de la organización profesional a las que remite, así como el

incumplimiento de los acuerdos de los órganos colegiales, o de los Consejos de

la Abogacía dictados en el ejercicio de sus competencias, que no constituyan

falta grave.

2.– La falta prevista en la letra d) del apartado anterior será imputable

exclusivamente a sus autores. Si fuere el resultado de un acuerdo de sus

órganos particulares de gobierno, será imputable exclusivamente a quienes

votaron a favor del acuerdo.

  Artículo 97.– Sanciones.

1.– Las infracciones serán sancionadas conforme a lo previsto en el artículo

16 de la Ley vasca 17/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones

Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

2.– Todas las sanciones que imponga la Junta de Gobierno tendrán efecto en el

ámbito de todos los Colegios de Abogados de España, a cuyo fin se notificarán

al Consejo Vasco de la Abogacía y al Consejo General y, en relación a los

Abogados/as inscritos/as conforme al art. 20 del presente Estatuto, al órgano

u órganos a que remite el artículo 14 del RD 936/2001, de 3 de agosto.

Las sanciones de inhabilitación serán notificadas igualmente al Departamento

de Justicia del Gobierno vasco.

3.– Las sanciones serán ejecutivas desde el acto o resolución que agote la vía

administrativa. Podrán ser hechas públicas una vez que ganen firmeza.

4.– La anotación de las sanciones en el expediente personal de los

colegiados/as, se cancelará en la forma y plazos establecidos en el artículo

93 del Estatuto General de la Abogacía.

  Artículo 98.– Extinción de la responsabilidad disciplinaria.

1.– La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la

sanción, el fallecimiento del colegiado/a, la prescripción de la infracción,

la prescripción de la sanción y la rehabilitación.

2.– La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria

contraída durante el período de alta.

Si el colegiado/a causare baja durante el proceso de instrucción, este

proseguirá hasta su terminación. En todo caso y con independencia del momento

de la baja, las sanciones económicas serán ejecutivas a partir de la firmeza

de la sanción y las de inhabilitación profesional quedarán en suspenso por el

plazo que reste que se reabrirá si el sancionado/a solicita el alta en

cualquier Colegio de Abogados.

  Artículo 99.– Remisión a normas en materia de ejecución y de prescripción.

En materia de ejecución y de prescripción de infracciones y sanciones se

estará a lo dispuesto en la Ley 17/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de

Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales y sus Reglamentos

de desarrollo. En su defecto, a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento administrativo común y sus normas de desarrollo.

  Artículo 100.– Rehabilitación.

1.– Los sancionados/as con inhabilitación profesional podrán solicitar de la

Junta de Gobierno su rehabilitación.

2.– El procedimiento se iniciará a instancia de parte una vez transcurrida la

tercera parte del tiempo de sanción y constará de las siguientes actuaciones:

a) Alegaciones de la persona sancionada.

b) Informe de la Comisión de Deontología.

c) Alegaciones de las personas perjudicadas por la infracción, o de sus

herederos legítimos.

3.– La Junta de Gobierno concederá un plazo común de un mes para la

formulación de alegaciones, resolviendo en el plazo de cinco días desde la

finalización del plazo de alegaciones.

4.– La resolución del procedimiento podrá finalizar con alguno de los

siguientes acuerdos de la Junta de Gobierno:

a) Denegación.

b) Rehabilitación inmediata.

c) Rehabilitación por parte del plazo que resta de cumplimiento.

En los supuestos de rehabilitación podrá acordarse, sin embargo, la pérdida

del derecho a ser elegible para la Junta de Gobierno por todo o por parte del

plazo originario de la sanción.

5.– Las resoluciones de rehabilitación serán comunicadas a los órganos a los

que se notificaron las sanciones correspondientes.

  CAPÍTULO SEGUNDO.-PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

  Artículo 101.– Organo competente para la iniciación y resolución del expediente sancionador.

1.– Corresponde con exclusividad a la Junta de Gobierno la adopción de los

acuerdos de iniciación del expediente sancionador y la imposición de todas las

sanciones por las infracciones cometidas por los Abogados/as en el ejercicio

de la profesión dentro del territorio de Gipuzkoa.

2.– Corresponde al Consejo Vasco de la Abogacía el ejercicio de las facultades

previstas en el apartado anterior en relación a los miembros de la Junta de

Gobierno.

  Artículo 102.– Abstención y recusación.

Son causas de abstención y de recusación de los miembros de la Junta de

Gobierno y del Instructor en relación al procedimiento disciplinario, las

previstas en la legislación administrativa sobre la potestad sancionadora.

  Artículo 103.– Inicio del procedimiento sancionador.

1.– El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por la Junta de

Gobierno o en virtud de denuncia formulada por un Abogado/a o por un tercero

con interés legítimo.

2.– La Junta de Gobierno, acordará motivadamente a la vista de los hechos, por

los medios de prueba disponibles y, en su caso, práctica de prueba, la

incoación del procedimiento sancionador o el archivo de las actuaciones.

3.– Acordada la incoación de expediente, se notificará a la Comisión de

Deontología a los efectos de que, a la mayor brevedad posible, designe

Instructor a quien se le entregarán todas las actuaciones practicadas hasta

ese momento.

  Artículo 104.– Nombramiento de Instructor.

1.– El acuerdo de iniciación del expediente sancionador deberá ser notificado

a la Comisión de Deontología prevista en la disposición adicional segunda, a

los efectos de que designe Instructor del procedimiento.

2.– A los efectos del apartado anterior la Comisión de Deontología podrá

designar Instructor a uno de sus miembros o a cualquier otro colegiado/a con

más de 10 años de ejercicio profesional. En todo caso para ser Instructor se

requerirá también que no haya sido objeto de sanción alguna por infracción

disciplinaria grave o muy grave.

3.– El nombramiento del Instructor será notificado al expedientado/a que podrá

hacer uso del derecho de recusación, conforme a lo previsto en la legislación

de procedimiento administrativo sancionador de aplicación, indicando la causa

y, en su caso, medios de prueba.

  Artículo 105.– Instrucción.

1.– Incoado el procedimiento y luego de que, en su caso, se practicaren las

diligencias previas que el Instructor estimare precisas, el Instructor

propondrá a la Junta de Gobierno el sobreseimiento si no encontrara elementos

de ilícito disciplinario, o formulará pliego de cargos, en caso contrario.

En el supuesto de acordar diligencias previas, se otorgará un plazo común de

quince días al expedientado/a y a los interesados/as si los hubiere para

formular alegaciones y en su caso proponer prueba si no estuviere a su

disposición. Las diligencias previas se resolverán en el plazo máximo de cinco

días desde la formulación de alegaciones o, en su caso, desde el vencimiento

del plazo para la práctica de la prueba si esta se hubiere acordado.

2.– El pliego de cargos habrá de indicar con precisión y claridad y

debidamente motivados, los actos profesionales o colegiales que se presumen

ilícitos, la calificación del tipo de la infracción en que incurre la

conducta, así como la sanción que en su caso proceda.

3.– El pliego de cargos se notificará al expedientado/a quien, en el plazo de

quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, habrá de

contestar por escrito formulando el correspondiente pliego de descargo y

proponiendo en él la prueba que estime pertinente para su defensa.

Se dará traslado igualmente al interesado/a si lo hubiere, dentro del plazo

común de quince días, para que alegue lo que estime oportuno y proponga

prueba.

A los efectos del presente artículo se entiende por interesados a los

perjudicados por la actuación objeto de expediente sancionador, sean o no

denunciantes, así como los Abogados/as que hubieren denunciado las prácticas

que motivan la apertura de expediente.

Serán ejercitables todos los medios de defensa admisibles en derecho,

correspondiendo al Instructor la práctica de las que, habiendo sido

propuestas, estime oportunas o las que él mismo pueda acordar, en particular

cuando de los hechos resultare perjuicio para terceros, el plazo para la

práctica de pruebas será determinado por el Instructor otorgándose un periodo

mínimo de quince días y un máximo de treinta días. Se dejará constancia

escrita en el expediente de todas las audiencias y pruebas practicadas.

4.– Si el expedientado/a no formulare pliego de descargo, el Instructor

elevará a la Junta de Gobierno la propuesta de sanción que proceda junto con

el expediente acreditativo del procedimiento.

5.– Cuando de la instrucción resultare que los hechos pudieren ser

constitutivos de ilícito penal o de cualquier otra naturaleza, el Instructor

lo hará saber a la Junta de Gobierno a los efectos de que ésta ejerza las

acciones que procedan, si así lo estima.

De acordarse el ejercicio de acciones penales se notificará el acuerdo al

Instructor a efectos de que suspenda el procedimiento hasta la resolución

firme del procedimiento penal, en relación sólo a los hechos de relevancia

penal, pudiendo proseguir el procedimiento en lo demás. En el supuesto de que

finalice el procedimiento por Sentencia, una vez firme el Instructor

proseguirá el procedimiento disciplinario, si bien no podrán aceptarse hechos

probados diferentes a los que así resulten de la sentencia.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de que, a la vista de los hechos, el

Instructor proponga a la Junta de Gobierno para su aprobación la medida

cautelar de inhabilitación profesional en los términos del artículo 106.

  Artículo 106.– Medidas cautelares.

1.– El Instructor podrá proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación,

las medidas cautelares que estime precisas, incluida la inhabilitación

profesional, en los términos del artículo 31 de la Ley vasca 2/1998, de 20 de

febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la

Comunidad Autónoma.

2.– La medida cautelar de inhabilitación será notificada a los organismos

referidos en el artículo 97.2 y será anotada en el expediente personal del

Abogado/a que pasará a la condición de no ejerciente durante el plazo que

resulte. No podrá tener una duración superior a tres meses y se descontará su

plazo de cumplimiento en el supuesto de que recaiga sanción de inhabilitación

profesional.

  Artículo 107.– Resolución.

1.– Concluida la tramitación del expediente, el Instructor lo elevará a la

Junta de Gobierno con la correspondiente propuesta de resolución.

En los supuestos de sanciones por infracción grave o muy grave, la Junta de

Gobierno concederá al expedientado con traslado de la propuesta hecha por el

Instructor, nuevo trámite de audiencia por plazo de quince días hábiles a

contar desde el siguiente a la notificación para que pueda alegar cuanto

estime oportuno a su derecho.

2.– El Instructor no podrá participar en las deliberaciones ni en la toma de

la decisión de la Junta de Gobierno, aun cuando sea miembro de la misma,

debiendo proceder en este caso conforme a lo previsto en el artículo 65.3.

3.– La Junta de Gobierno, antes de dictar resolución, podrá devolver el

expediente al Instructor en forma motivada para la práctica de las diligencias

que estime imprescindibles. La práctica de las diligencias, una vez efectuada,

será comunicada al expedientado/a que dispondrá de un plazo de ocho días

hábiles para formular las alegaciones que a su derecho convengan en relación a

las mismas.

4.– La resolución final del expediente será motivada y habrá de decidir sobre

todas las cuestiones planteadas por el expedientado/a.

Será notificada en el plazo de los diez días siguientes a su adopción, con

indicación de los recursos a que hubiere lugar, así como los plazos.

  Artículo 108.– Recursos.

1.– Contra las sanciones que imponga la Junta de Gobierno cabrá recurso

colegial que se interpondrá, en el plazo de un mes, ante los siguientes

órganos:

a) Ante el Consejo Vasco de la Abogacía frente a cualquier sanción impuesta a

Abogado/a incorporado/a a cualquiera de los Colegios radicados en la Comunidad

Autónoma vasca.

b) Potestativamente ante el Consejo General de la Abogacía o ante el Consejo

Vasco de la Abogacía frente a las sanciones de inhabilitación que se impongan

a Abogados/as incorporados/as a colegios distintos de los de la Comunidad

Autónoma, o a los Abogados/as de otros Estados miembros de la Unión Europea o

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que ejerzan con el título

expedido por alguno de dicho Estado. En todo caso, las sanciones económicas

que se impongan a estos Abogados/as sólo serán recurribles ante el Consejo

Vasco de la Abogacía.

2.– El recurrente podrá solicitar en otrosí la adopción de la medida de

suspensión de la ejecutividad de la sanción en los términos de la legislación

administrativa aplicable.

3.– Los recursos deberán formularse ante la Secretaría del Colegio que deberá

elevarlos con sus antecedentes ante el órgano competente para su resolución

dentro de los tres días siguientes a la fecha de presentación. La tramitación,

plazo para resolver y, en su caso, suspensión de la ejecutividad de la

sanción, se hará conforme a lo previsto en las normas reguladoras de cada uno

de los Consejos y en su defecto conforme a lo previsto en la legislación

administrativa que resulte de aplicación.

  Artículo 109.– Integración de normas.

En lo no previsto en el presente Estatuto en materia de potestad sancionadora,

será de aplicación la Ley vasca 18/1997, de 21 de noviembre de Ejercicio de

Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales y, en su defecto,

la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las

Administraciones Públicas y demás leyes y normas a que remite esta segunda

Ley.

  TÍTULO QUINTO.-MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

  Artículo 110.– Iniciativa.

1.– La iniciativa para la reforma del Estatuto corresponde a:

a) La Junta de Gobierno mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de

sus miembros.

b) A un número de colegiados/as, ejercientes y no ejercientes, igual o

superior al diez por ciento del total de colegiados/as.

2.– Cuando la propuesta de modificación se tramite en función de la iniciativa

prevista en la letra b) del apartado anterior, deberá presentarse ante la

Junta de Gobierno en forma motivada el texto o textos de la modificación o

modificaciones que se proponen, a los solos efectos de que se proceda a la

convocatoria de la correspondiente Asamblea General extraordinaria.

En todo caso, la Junta de Gobierno podrá emitir un informe sobre la propuesta,

tanto en aspectos de oportunidad como de legalidad.

3.– La convocatoria de la Asamblea extraordinaria irá acompañada del texto o

textos de la modificación o modificaciones que se proponen y, en su caso, del

informe de la Junta de Gobierno previsto en el apartado 2 anterior.

  Artículo 111.

1.– Entre la convocatoria de la Junta General extraordnaria y

su celebración transcurrirán, al menos, treinta días hábiles.

2.– Durante los veinte primeros días hábiles siguientes a la publicación de la

convocatoria, podrán presentarse enmiendas motivadas que vengan propuestas y

firmadas, al menos, por cincuenta colegiados/as.

En el supuesto de la iniciativa prevista en el art. 110.1 b), la Junta de

Gobierno podrá defender el mantenimiento del texto cuya modificación se

propone o presentar enmiendas. En ambos supuestos se votará primero la

propuesta de la Junta de Gobierno que, en caso de ser aprobada, conllevará el

decaimiento de la enmienda o enmiendas con que se corresponda.

3.– No podrán presentarse enmiendas a artículos o preceptos diferentes de

aquellos a que se refiera en concreto la iniciativa ejercida. La Junta de

Gobierno rechazará para su inclusión en el debate todas las enmiendas que

incumplan con dicho requisito o que, cumpliéndolo formalmente, en realidad

afecten a preceptos diferentes de los enunciados en la iniciativa.

4.– Los enmendantes podrán presentar enmiendas transaccionales en cualquier

momento, incluido el acto de celebración de la Asamblea General.

5.– Para la válida constitución de la Asamblea General se requerirá en primera

convocatoria un quorum mínimo del 25% de colegiados/as. En segunda

convocatoria no será preciso un quorum específico.

6.– Serán aprobadas las enmiendas que obtengan la mayoría simple de votos.

Se entenderán retiradas y, por tanto, no procederá su votación, las enmiendas

que, en el momento de su debate, no sean defendidas por alguno de sus

proponentes o firmantes, sin que quepa la delegación en quienes no las

firmaron.

7.– Las modificaciones, una vez aprobadas serán notificadas a los órganos a

que se refiere el artículo 33.6 de la Ley 18/97, de 21 de noviembre, de

Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

8.– El procedimiento previsto en el presente precepto será de aplicación tanto

a las reformas parciales del Estatuto como a su reforma total.

  TÍTULO SEXTO.-DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

  Artículo 112.– Disolución.

El Colegio de Abogados de Gipuzkoa sólo podrá disolverse por Ley del

Parlamento Vasco, salvo que se trate del supuesto previsto en el artículo 31.3

de la Ley 18/1997.

Serán causas de la disolución y liquidación del Colegio las siguientes:

1.– La imposibilidad manifiesta de procurar los fines del Colegio,

contemplados en el artículo 11 de los Estatutos.

2.– La paralización definitiva de los Organos de Gobierno del Colegio, de modo

que resulte imposible su funcionamiento y reposición.

  Artículo 113.– Liquidación.

El procedimiento de disolución del Colegio abrirá el periodo de liquidación.

La Ley que autorice la disolución del Colegio establecerá la liquidación de su

patrimonio, derechos y obligaciones, fijándose el destino del remanente si

existiese, de acuerdo con lo que decida la Asamblea General.

  DISPOSICIONES ADICIONALES

  DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Carácter de normas deontológicas.

A los efectos del presente Estatuto y, en particular, a los efectos de la

norma de solución de conflictos del artículo 10.3, tienen carácter de normas

deontológicas propias del Colegio de Abogados de Gipuzkoa sin perjuicio de que

también puedan estar recogidas en otros códigos de conducta asumidos por el

presente Estatuto, las contenidas en los siguientes preceptos: artículos 23 a

28, ambos inclusive y en su integridad; arts. 31 a 34, inclusive y en su

integridad; artículo 35 apartados 1, 2 y 4; artículo 36; artículo 38.2;

artículo 39 y artículo 44.

  DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Comisión de Deontología.

1.– Se crea en el Colegio una Comisión de Deontología que tendrá carácter

permanente con las funciones de:

a) Interpretar de oficio o a instancia de parte, el alcance de las normas

deontológicas y, en particular, determinar la norma aplicable en los supuestos

de conflicto a que se refiere el art. 10.3.º. Su informe no tendrá carácter

vinculante.

b) Emitir informe en los supuestos de consulta sobre eventuales conflictos de

intereses, con el alcance previsto en el artículo 27.4 del presente Estatuto.

c) Designar al Instructor de los procedimientos disciplinarios, en los

términos previstos en el artículo 104.1 del presente Estatuto.

d) Las demás que, vinculadas con las anteriores, pudiere encomendarle la Junta

de Gobierno y, en particular, la emisión de informes en los procedimientos

disciplinarios.

2.– La Comisión de Deontología será presidida por el Decano/a. El número de

sus componentes no podrá ser inferior a diez ni superior a quince. Sus

miembros serán designados por la Junta de Gobierno procurando que su

composición sea representativa del conjunto de la profesión en función a

criterios tales como años de ejercicio de la profesión, especialidad de

dedicación preferente de sus miembros, u otros.

3.– Los miembros de la Junta de Gobierno podrán formar parte de dicha

Comisión. También podrán formar parte colegiados/as no ejercientes siempre que

concurra en ellos/as la condición prevista en el artículo 5.2 del presente

Estatuto o, en otro caso, hubieren ostentado el cargo de Decano/a, o de

Vicedecano/a o Diputado/a Primero/a.

En ningún caso podrán ser designados/as para formar parte de la Comisión de

Deontología quienes en el pasado hubieren sido objeto de sanción disciplinaria

por falta grave o muy grave, cualquiera que fuere la sanción o el Colegio de

Abogados que la hubiere impuesto.

4.– En la emisión de informes, la Comisión designará un ponente que expresará

el parecer conjunto de la Comisión. Al informe de la Comisión se podrán

adjuntar los votos particulares, si los hubiere, cuando así lo solicite el

discrepante.

  DISPOSICION ADICIONAL TERCERA.– Relaciones institucionales.

A los efectos previstos en el artículo 56.2 de la Ley 17/1997, de 21 de

noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos

Profesionales, el Colegio de Abogados de Gipuzkoa mantendrá las relaciones con

el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Justicia.

  DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Secretaría Técnica.

El Colegio mantendrá una Secretaría Técnica con las funciones de auxilio

técnico y administrativas que se le encomienden.

Los órganos colegiados y unipersonales previstos en el presente Estatuto, así

como el Instructor de los procedimientos disciplinarios, podrán encomendar al

titular de dicha Secretaría, bajo la supervisión del órgano delegante,

funciones de naturaleza exclusivamente administrativa, de contabilidad y

control de caja, práctica de notificaciones, publicaciones y otras semejantes

de apoyo técnico.

  DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– Normas de honorarios.

Dentro del ámbito territorial del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, regirán

como Normas de honorarios profesionales las aprobadas por el Consejo Vasco de

la Abogacía para el conjunto de los Colegios de Abogados de la Comunidad

Autónoma.

  DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.– Escuela de Práctica Jurídica.

El Colegio de Abogados de Gipuzkoa, por sí o mediante convenios de

colaboración con otras instituciones, dispondrá con carácter permanente de una

Escuela de Práctica Jurídica que facilite a los nuevos licenciados/as en

Derecho, colegiados/as y no colegiados/as, aquellos conocimientos de carácter

práctico que les permita el desempeño adecuado de la profesión de Abogado/a.

  DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.– «Habilitación» para actuar como Abogados/as licenciados/as en Derecho sin necesidad de colegiación.

No se necesitará incorporación al Colegio para la defensa de asuntos propios o

de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad,

siempre que el interesado/a reúna los requisitos establecidos en el art. 13.1

letras a), b) y c) del Estatuto General de la Abogacía y los demás que

pudieren requerir las normas vigentes. Quienes se hallen en este caso serán

habilitados por el Decano/a para la intervención que se solicite. Tal

habilitación supone, aunque sólo sea en relación al asunto o asuntos a que

alcanza, el disfrute de todos los derechos reconocidos a los Abogados/as por

el presente Estatuto, con excepción de los derechos de voto activo y pasivo y

de participación en la toma de decisiones colegiales; así como el deber de

cumplimiento de las correlativas obligaciones y en particular las

deontológicas.

  DISPOSICIONES TRANSITORIAS

  DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Renovación de la actual Junta de Gobierno.

1.– A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 63.3 del

presente Estatuto, con anterioridad a 31 de diciembre de 2002 se procederá a

la elección de los siguientes cargos de la Junta de Gobierno:

– Decano/a

– Diputado/a 1.º

– Diputado/a 5.º

– Tesorero/a o Diputado/a de Finanzas

– Otros 4 miembros que se determinarán en el momento de la convocatoria de las

elecciones

2.– La fecha de la elección para los restantes cargos tendrá efecto dentro de

la primera quincena del mes de junio de 2005, manteniéndose en sus cargos sus

actuales titulares que no resulten afectados/as por la renovación prevista en

el apartado 1 anterior, aun cuando a consecuencia de esta disposición hubieren

superado el plazo estatutario máximo de desempeño de sus funciones.

  DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Carácter orientativo de los honorarios.

El Colegio de Abogados de Gipuzkoa, al amparo de la Resolución del Parlamento

Europeo de 5 de abril de 2001 sobre Escalas de honorarios y tarifas

obligatorias para determinadas profesiones liberales, en particular los

Abogados, y sobre la función y posición particulares de las profesiones

liberales en la sociedad moderna, así como al amparo del artículo 2.4 de la

Ley estatal 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, conforme a su

redacción dada por la Ley 7/1997, de 14 de abril, promoverá ante los

organismos competentes el establecimiento de criterios obligatorios de

minutación en los términos de dicha Resolución del Parlamento Europeo.

  DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Procedimientos en tramitación.

1.– Con carácter general, los procedimientos en tramitación a la fecha de

entrada en vigor del presente Estatuto proseguirán hasta su tramitación

conforme al procedimiento a cuyo tenor se hubieren iniciado.

2.– En relación a los procedimientos disciplinarios iniciados con anterioridad

a la entrada en vigor del presente Estatuto se seguirán las siguientes reglas:

a) En cuanto a infracciones y sanciones se atenderá al principio de

irretroactividad, excepto en el supuesto de que la infracción conlleve

conforme al presente Estatuto una sanción menor que conforme a las

disposiciones anteriores. Se aplicará la misma regla a los procedimientos

disciplinarios que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigor del

presente Estatuto por hechos anteriores a su entrada en vigor.

b) En cuanto al procedimiento procederá su continuación y finalización, según

el estado de tramitación en que se encuentren, conforme a lo establecido en el

presente Estatuto.

  DISPOSICIONES FINALES

  DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Entrada en vigor.

1.– El presente Estatuto entrará en vigor a los dos meses de su publicación

completa en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– No obstante, no será de aplicación el apartado 1 de esta disposición final

a lo previsto en la disposición transitoria primera, 1 sobre la renovación de

cargos de la Junta de Gobierno que entrará en vigor inmediatamente de la

aprobación del Estatuto por la Asamblea General.

  DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Aprobación definitiva.

A los efectos de la aprobación definitiva del presente Estatuto por el órgano

competente del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social y, en su

caso, de la negociación o aceptación de las modificaciones que este requiera

en el ejercicio de sus funciones de control preventivo de legalidad, la

Asamblea General delega en la Junta de Gobierno a tal efecto, para que

resuelva lo que proceda sin que sea precisa la aprobación por la Asamblea de

las modificaciones que resulten en dicho trámite, a no ser que lo estime

procedente la Junta de Gobierno. De no ser así, la Junta de Gobierno deberá

informar en la primera Asamblea General ordinaria sobre su actuación y

gestiones.

  DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Cláusula derogatoria.

Queda derogado el anterior Estatuto del Colegio de Abogados de Gipuzkoa y

demás disposiciones colegiales que se opongan a lo previsto en el presente

Estatuto.